Franco, por los suelos

El Faro Digital / 18 de Septiembre de 2011, Carmen Echarri

La aplicación de la ley de Memoria Histórica parece que no ha terminado de encajar en Ceuta. Años después de que se ordenara la retirada de los símbolos franquistas, todavía hoy persisten algunos de ellos en una clara lucha contra el sistema. En marzo de 2010, el Gobierno local anunciaba la retirada de algunos de esos símbolos; las órdenes se quedaron en el camino ya que en la actualidad el máximo exponente de las gestas de don Paco, el monumento del Llano Amarillo, sigue recordándolas.

El escudo falangista, con el yugo y las flechas, así como la fecha de 17 de julio de 1936 reflejan lo sucedido en una guerra de hermanos, sin que hasta ahora se haya cumplido lo que sencillamente marca la ley. Aunque para algunos es algo más que eso: retirar estos símbolos supone terminar, al menos visualmente, con la referencia a unas gestas que han salpicado de una u otra manera a sus familiares.

¿Qué ha hecho la Ciudad desde que se le comunicará oficialmente la obligatoriedad de cumplir la ley? Pues eso, empezar a cumplirla pero quedándose únicamente en el inicio.

El pasado 26 de marzo de 2010, una brigada de Obimace encabezada por su máximo responsable político: Gregorio García Castañeda, retiraba el nombre de Franco, que aparecía grabado en el monolito. ¿Su destino? El propio monte que rodea el mítico Llano Amarillo. Todavía hoy, entre escombros, basura y restos del botellón se pueden encontrar las letras que conformaban el apellido del dictador. La F por un lado, la O por otro... y así hasta formar un Franco ya por los suelos.

¿Y el resto? Nada se ha avanzado. La Ciudad dijo en su día que sí, que seguirían retirando los símbolos franquistas. Y lo hizo en parte: los pies de Franco en las inmediaciones de la ermita de San Antonio, el mástil principal del Cañonero Dato o los símbolos franquistas de los cuarteles. Después tendría que haber venido lo demás. E incluso la Ciudad anunció que echaría mano de maquinaria especializada para la retirada del escudo falangista (formado por el yugo y las flechas) del monolito del Llano Amarillo y la supresión de la fecha (17 de julio de 1936) de las escalinatas principales del mismo, lo que dejaría el monumento con su aspecto original.

Propuestas alternativas

El historiador Francisco Sánchez lanza una propuesta: cambiar el 17 por el 12. “El monumento del Llano Amarillo, obra del arquitecto Francisco Herranz, fue inaugurado en el valle de Ketama el 12 de julio de 1940, para conmemorar las maniobras militares celebradas entre el 5 y el 12 de julio de 1936, organizada por el Gobierno de la República. En el mes de mayo de 1962 fue trasladado a Ceuta y ubicado en su emplazamiento actual”, recuerda. La solución pasaría por cambiar un sólo número y ya se estaría cumpliendo con la ley. El propio Francisco Sánchez ya propuso en su día mantener el monumento del Llano Amarillo quitando el nombre de Franco, los símbolos del Régimen y cambiando la fecha grabada.

A tenor del estado actual se concluye que poco o ningún caso se le ha hecho. En la actualidad el Llano Amarillo es uno de los escasos símbolos franquistas que continúan expuestos a la vista de todos, en una burla claro a los pasos seguidos en otros puntos del país.

Quien dice el Llano suma otros puntos como la Catedral, que todavía muestra alusiones al franquismo en la lápida de los Caídos colocada en la pared. Sánchez recuerda que “según la Ley, su retirada depende de la Iglesia, no tiene ningún valor patrimonial, pero mi opinión es que debería de retirarse y trasladarse al cementerio de Santa Catalina”.

En uno de sus últimos informes, la oenegé Amnistía Internacional ha acusado al Gobierno de incumplir la Ley precisamente por permitir que haya ciudades en las que no se ha ordenado esta retirada. AI recuerda que se está incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación de víctimas del franquismo y la Guerra Civil. La “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, que es su denominación oficial, se ha desarrollado parcialmente y con lentitud, denuncia la oenegé. “En un desarrollo reglamentario de lentitud exasperante, sólo al final de año, el Gobierno ha dictado algunas disposiciones para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la Ley. Y lo dispuesto se concentra sólo en medidas simbólicas o de escaso significado para garantizar verdad, justicia y reparación”, asevera