Redacción Tamaraceite Alzado
Las familias de los fusilados de San Lorenzo, han informado a través de un comunicado haber recibido a través del Consulado Argentino en Canarias, la admisión a trámite de la querella presentada contra el estado español por el fusilamiento el 29 de marzo de 1.937, de los conocidos popularmente como “cinco de San Lorenzo”, donde se exigirá al estado español la exhumación inmediata de la fosa común del cementerio de Vegueta, así como la identificación de los restos a través de pruebas de ADN y la posterior entrega a sus familiares de los huesos de sus muertos para darles una digna sepultura.
La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha manifestado hoy haber recibido notificación directamente de la jueza, María Servini, donde se les ha informado a través de señor cónsul de la República Argentina en Canarias, D. Pablo Antonio De Angelis, de la admisión a trámite de la querella presentada por dicha organización de víctimas de la dictadura franquista, para su instrucción dentro de la querella argentina contra el estado español por crímenes de lesa humanidad.
Las familias de San Lorenzo han manifestado “su agradecimiento profundo al pueblo y a la justicia argentina por haberse declarado competente para juzgar el asesinato de nuestros familiares, fusilados por el único motivo de defender la democracia y la libertad, ante el golpe fascista contra la legítima República”.
La querella de esta Plataforma de Familiares se unirá a otras denuncias abiertas por la justicia argentina contra los crímenes cometidos por el franquismo, portavoces de las familias afirmaron que “una vez aceptada la demanda se podrá determinar e identificar judicialmente a quienes participaron de aquellos hechos terribles, e imputarlos, más allá de que estén vivos o muertos”.
Para los familiares de los fusilados de San Lorenzo es “una vergüenza que otro país tenga que investigar lo que en el estado español su gobierno y la judicatura han negado a unas familias, amparadas por la justicia universal, en unos delitos de crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben, prohibiéndonos en varias sentencias judiciales algo tan humano como la recuperación de los huesos de nuestros muertos, lo que demuestra que en España sigue el vivo el fascismo en cada uno de sus estamentos; y que quienes gobiernan son herederos directos de los franquistas”.
Los delitos imputados en la querella son los de “privación de libertad, tormento, torturas, violaciones y homicidio calificado”.
La jueza Servini se desplazará a Canarias a tomar declaración directamente en sus domicilios a las familias y testigos/as directos/as de avanzada edad, lo que servirá para acelerar el proceso.
El fusilamiento del alcalde de San Lorenzo del Frente Popular, Juan Santana Vega, del secretario municipal, Antonio Ramírez Graña, del inspector jefe de la policía local, Manuel Hernández Toledo y de los sindicalistas vinculados a dicho Ayuntamiento, el artista e intelectual, Matías López Morales y el jornalero, Francisco González Santana, así como las decenas de personas torturadas, vejadas, las mujeres violadas y el asesinato en su cuna del bebé de 4 meses, Braulio González García, a manos de un falangista de Tamaraceite, que le destrozó la cabeza a lanzarlo contra una pared, será ahora juzgado en un tribunal internacional justo y legal.
Las familias comentaron que “esa brutal represión desencadenada tras el golpe de estado fascista en 1.936 que acabó con la esperanza de todo un pueblo, saldrá ahora a la luz y el estado español y su gobierno no podrán seguir tapando y ocultando este holocausto fascista contra este municipio, contra todo el pueblo canario, donde hubieron más de 3.000 personas asesinadas, fusiladas y desaparecidas”.
Por último señalar que la aceptación de esta querella de los familiares de San Lorenzo implica la incoación inmediata de un expediente judicial para la condena del estado español por el asesinato impune de los cinco de San Lorenzo, enterrados ilegalmente en la Fosa Común nº 2 del Departamento nº 6 del Cementerio de Las Palmas, que se constate su muerte violenta a partir de las correspondientes pruebas periciales, y se proceda, asimismo, a identificarlos y entregarlos a sus familiares al objeto de darles sepultura o incineración, ya que en la actualidad se encuentran fuera de los lugares propios de inhumación de sus cuerpos.
