Sahara Occidental: 40 años de vergüenza y olvido

Por un Sáhara Libre - 7 noviembre, 2015

Fuente: Global Politics and Law

El 14 de noviembre de 1975, con el dictador en el cama agonizando, el Gobierno de España firmó con Marruecos y Mauritania la entrega del territorio del Sahara Occidental, contraviniendo el contenido del Dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia (de 16 de octubre de ese año) en donde se niega cualquier tipo de derecho de los referidos Estados sobre el territorio saharaui. Fue la consecuencia de la llamada “Marcha verde”, ese gran show marroquí apoyado internacionalmente (incluso por España, tal como han demostrado los cables interceptados por Wikileaks) y que abrió la puerta a la “Declaración de intenciones”, que desembocó en la ocupación en el año 1976. El 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario y Mauritania alcanzan un acuerdo por el cual Mauritania cede la parte que ocupaba del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero Marruecos se anexiona esa zona el 11 de agosto. Tras la proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática en 1976, se empezó la construcción del “ Muro del Sahara Occidental”; la cual fue obra del ejército marroquí con la ayuda de expertos israelíes y la asistencia financiera de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Los hito más relevantes del proceso histórico entre 1976 y la actualidad se pueden consultar en el artículo que escribí el año pasado en Agenda Pública.

El Sahara occidental, el territorio de la antigua colonia española, es un territorio sobre el cual había declarado que no había vínculo de soberanía entre Mauritania o Marruecos con el Sahara y que, por consiguiente, no hay razón para no aplicar la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio. En este sentido, se debiera proporcionar una solución como la prevista en la Resolución 1429 (2000)  que reclama una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” siempre que esta “asegure la autodeterminación del pueblo del Sahara occidental en el marco de acuerdos que sean compatibles con los fines y principios de las Naciones Unidas” ¿bajo que presupuestos?

De entrada, la única solución pasa por la autodeterminación del pueblo saharaui, no de la población que está en dicho territorio. De hecho, el problema que hubo con el censo hace algunos años derivó, esencialmente, de cómo había sido inflado por Marruecos con población que no reunía los requisitos. El Dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia  de 16 de octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental (parágrafos 70 y 162 en particular) hacía referencia, de hecho, al “derecho de las poblaciones (del Sahara occidental) a la autodeterminación “. Un plural que expresa la división tradicional entre las poblaciones de Sakiet el-Hamra y Rio de Oro. Un referéndum que ha de ser “justo, libre e imparcial” sobre la autodeterminación del pueblo saharaui.

Lamentablemente, no corren buenos tiempos. Por un lado, por el declive del Comité de Descolonización de la ONU y por el otro, por la tendencia a hacer descolonizaciones de perfil bajo, casi simbólicas, en las que las potencias que retienen ilegítimamente el territorio administren el proceso para concluirlo con unos vínculos equivalentes a los de la situación previa. Todo ello, a pesar de que los acuerdos de Madrid sólo se pueden catalogar como nulos, tal como se señaló en el otro artículo que se acompaña a este post. A ello se añade el hecho de que ni la Unión Europea (especialmente por los acuerdos pesqueros y por el control de fronteras) ni España (por el control de fronteras que de facto hace de Ceuta y Melilla, recibiendo las expulsiones en caliente) ni los EE.UU. (que siempre han favorecido a Marruecos) tienen interés en debilitar ahora a Marruecos. El terrorismo islamico no es un factor que ayude precisamente a la resolución del problema.

Para los saharauis, la situación es insostenible. Por un lado, porque la situación está estancada, lo cual favorece a Marruecos, que este fin de semana celebrará los fastos de celebración de los 40 años de la Marcha verde. Segundo, por los problemas de violaciones de los derechos humanos en territorio saharaui perpetrados por las autoridades marroquíes. Y, por último, porque la situación en los campos de refugiados situados en la provincia argelina de Tinduf de El Aaiún, Auserd, Smara y Dajla (llamados así en recuerdo de las ciudades saharauis a las que aspiran legítimamente a regresar) es insostenible. Las lluvias torrenciales de los últimos días ha sido la puntilla a la situación de la población saharaui en el exterior, dejando sin hogar a más de 25.000 personas.

Nombres propios en la traición al Pueblo saharaui 

Una madre comenzará una huelga de hambre para reclamar el cadáver de su hijo asesinado en El Aaiún

Tabkar Haddi, madre del activista de Derechos Humanos saharaui Mohamed Lamin Haidala
(EFE/RAMÓN DE LA ROCHA)

• El hijo de Tabkar Haddi fue apuñalado en El Aaiún en enero y falleció el pasado 8 de febrero en la ciudad saharaui
• Haddi protestará desde este viernes frente al consulado de Marruecos en Gran Canaria 

• Asegura que se le ofreció 90.000 euros para que se callase y no reclamase el cadáver de su hijo

Efe - Canrias Ahora - Santa Cruz de Tenerife 14/05/2015

Tabkar Haddi es una mujer saharaui de 42 años que está dispuesta a morir con la huelga de hambre que iniciará este viernes para recuperar el cadáver de su hijo Mohamed Lamin Haidala, de 21 años, quien el 31 de enero fue apuñalado con unas tijeras y falleció el 8 de febrero en El Aaiún.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de Lala Elmami, de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui, y de Salaha Larosi, su actual marido, Tabkar Haddi insistió en que no puede vivir sin recuperar el cadáver de su hijo para enterrarlo, y denunció que la casa de su familia en El Aaiún está "cercada".

Residente en Tenerife desde hace diez años Tabkar Haddi se trasladará este jueves hasta Gran Canaria, donde este viernes y frente al consulado de Marruecos iniciará una huelga de hambre indefinida para pedir el cadáver de uno de sus tres hijos.

Durante la rueda de prensa recordó que el pasado 31 de enero, en torno a las 21.00 horas, ciudadanos marroquíes propietarios de tiendas próximas a la casa de los abuelos del joven Mohamed Lamin Haidala lanzaron piedras al muchacho, quien reaccionó ante los insultos.

Según el relato de Tabkar Haddi, uno de los colonos tiró una piedra contra el pecho de su hijo, quien cayó el suelo mientras los comerciantes se "lanzaban" contra él para golpearle y uno de ello le clavó unas tijeras en el cuello.

Mohamed Lamin Haidala perdió el conocimiento y la policía de "ocupación tardó más de una hora" en ocupar el acta del incidente mientras el joven se desangraba en el suelo, afirmó la madre del fallecido, quien agregó que mientras su hijo era trasladado al hospital de El Aaiún los colonos no fueron detenidos.

En urgencias del hospital el persona sanitario cosió la herida al joven sin utilizar anestesia y sin desinfectarla, y a continuación fue trasladado a la comisaría central, explicó Tabkar Haddi, quien denunció de forma reiterada que su hijo estuvo en el calabozo sin manta y sin colchón hasta la mañana del lunes, dos días después de sufrir el apuñalamiento.

De ese modo, el 2 de febrero el joven fue trasladado al hospital, donde a la familia se negó un certificado médico, y el joven falleció el 8 de ese mes.

Tabkar Haddi dijo que se le ofreció 90.000 euros para que se callase y no reclamase el cadáver de su hijo, pero ella insiste en pedirlo para enterrarlo, y comentó que por televisión informaron de que había sido enterrado, pero ella desconoce si es cierto.

Desde entonces la vivienda en la que reside la familia de Tabar Haddi está "cercada" y su actual marido, Salaha Larosi, denunció que en el calabozo quitaron las vendas al joven y que cuando lo enviaron al hospital de Agadir ya sabían que moriría.

Lala Elmami, de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui, comentó que de los cinco colonos, dos han sido detenidos y aseguró que estas personas actúan con la "complicidad" de la policía marroquí.

Denunció el régimen de terror en el que viva la población saharaui en los territorios ocupados y acusó a parte del personal a sanitario de "encubrir los malos tratos y los asesinatos que se producen en la zona".

Lala Elmami pidió que no se olvide el hecho de que España es la administradora del Sahara y reclamó que se lleve a cabo una autopsia independiente y sean entregados los autores del asesinato, así como que se termine con el "estado de sitio" en el que viven los familiares del joven muerto.

Esos hechos, señaló Lala Elmami, tienen lugar en un territorio ocupado de forma ilegal por Marruecos, un país con el que la UE tiene de forma "vergonzosa" un trato preferencial, y agregó que España con sus actos parece afirmar que no hay derechos humanos para los saharauis.

Caso Sahara: ¿justicia universal sólo para españoles?

 

Defender que ante atrocidades y crímenes internacionales como un genocidio, los tribunales españoles sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de jurisdicción universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido jurídicamente hablando

 

El Diario.es - Javier Chinchón Álvarez 16/04/2015

El auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional del pasado día 9 ha suscitado gran número de valoraciones, comentarios y reacciones. Entre ellas, las del posterior comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en el que se subrayaba el “asombro” de las autoridades de aquel país ante “la inédita decisión judicial española”. Ciertamente, debería causar asombro -como mínimo- que hayan tenido que transcurrir tantas décadas para que dejara de ser algo desconocido, nuevo, el procesamiento de algunos de los presuntos responsables del “ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”, como considera indiciariamente acreditado este Auto. Y es que baste recordar que como se detalla en la querella presentada en 2006, desde que presuntamente se cometieron aquellos crímenes, “Marruecos ha (…) denegado y sigue denegando de forma permanente y generalizada el derecho a la tutela judicial de las víctimas”. Estamos pues ante una muy buena noticia.

 

No obstante, hay otro particular que temo que no ha causado similar sensación de sorpresa, pero que al menos a mí me ha dejado asombrado -como mínimo- y es al que quisiera dedicar este artículo.

En muchas referencias en los medios de comunicación, así como en diversas declaraciones de las autoridades españolas, se destacaba que este procedimiento era posible al tratarse de crímenes cometidos contra españolas. Por mejor decir, en varias ocasiones he leído, visto y oído que esta causa ha podido avanzar pese a la radical limitación que pretendió imponer la Ley Orgánica 1/2014 respecto al principio de justicia universal, en tanto que las víctimas eran españolas. En esta afirmación resuena buena parte de lo que hubo que escuchar cuando se nos presentó aquella infamia legislativa, y que ahora podemos resumir en algo que hace unos días repetía nuestro ministro de Exteriores en una entrevista: que los tribunales españoles no pueden “aplicar la justicia en 193 países afecte o no afecte a ciudadanos españoles”. Añadía el ministro que eso era “un disparate” y que en consecuencia “ellos lo habían tenido que cambiar”. Bien, vayamos por partes.

 

Lo primero que debe quedar claro es que, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 1/2014, el artículo 23.4 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que nuestros tribunales no pueden enjuiciar ni los crímenes de genocidio, ni los de guerra, ni los crímenes contra la humanidad cometidos contra españoles fuera de nuestro país. No tienen competencia. O mejor expresado, con la Ley Orgánica 1/2014 el legislador ha querido establecer que no la tienen. La razón de semejante disparate -éste sí- no fue otra que intentar acabar con diversos procesos abiertos en España en los que había víctimas españolas, señaladamente el caso Tíbet. De ahí también que la Ley Orgánica 1/2014 ordenase el archivo de las causas entonces en marcha que no cumplieran con los nuevos límites que pretendió imponer.

 

El motivo por el que el procedimiento por el presunto genocidio cometido en el Sahara ha seguido adelante es otro. Para explicarlo debemos remontarnos a una decisión anterior de la Audiencia Nacional, el Auto de 15 de abril de 2014. Sin detenernos ahora en cuestiones técnicas, el hecho es que entonces se decidió continuar con el proceso no porque los crímenes se hubieran cometido contra españoles, sino porque se habían perpetrado en un territorio que era España. Es decir, pese a que la Ley Orgánica 1/2014 persiguiera el cierre de todas las causas por crímenes internacionales cometidos fuera de nuestras fronteras aunque sus víctimas fueran nuestros compatriotas, aquello no pudo alcanzar a este procedimiento: para hacerlo, debería haber previsto que nuestros tribunales no podrían enjuiciar crímenes como el genocidio o los crímenes contra la humanidad ni siquiera si se hubieran cometido en España. Lo cual habría sido un exceso incluso para nuestros actuales legisladores.

 

Aclarado lo anterior, volvamos al primer “disparate”, pero abramos el enfoque. Aunque el término justicia universal puede evocar algo entre la mística y la poética, su esencia es bastante sencilla de acotar: desde hace decenios se ha convenido en que existen unos crímenes en los que además de cada víctima individual, también lo es toda la Comunidad Internacional. De ahí que por citar un ejemplo, en 1946, en una de las primeras Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, se afirmase que el genocidio es un “crimen internacional”, cuyo castigo “es un asunto de preocupación internacional”, ya que “conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad [y] es contrario a la ley moral y al espíritu y objetivos de las Naciones Unidas”. En consecuencia, lo que hay que preguntarse es: ¿quién debería entonces perseguir y enjuiciar a los responsables de este tipo de crímenes? Si la respuesta no fuera que todos y cada uno de los tribunales de esa misma Comunidad Internacional, sino sin ir más lejos, los del país del que fuesen nacionales sus víctimas individuales, convendría ser honestos y dejar de hablar de justicia universal. De hecho, eso no se denomina principio de justicia universal, sino de personalidad pasiva. Pero tecnicismos al margen, defender que ante atrocidades como un genocidio, ningún tribunal tiene nada que hacer mientras “no afecte a sus ciudadanos” es algo más que jurídicamente intragable.

 

En el caso de España, ya hemos visto que además es falso. Con lo que sin necesidad de acudir al poema de Martin Niemöller, valga otra pregunta, en cadena: ¿qué ocurre con las víctimas de estos crímenes internacionales si no obtienen justicia en el país donde se cometieron? ¿les indicamos que sólo les quedaría acudir a los tribunales del Estado del que son nacionales? Pero, ¿y si según las leyes de ese país esos tribunales carecen de cualquier competencia? ¿a qué tribunales podrían ir esas víctimas para lograr el amparo de la justicia? A ninguno, exacto.

 

En este punto, uno siempre podría alegar que acudan a la Corte Penal Internacional, manera de escurrir el bulto muy común por lo demás. Pero cualquiera que conozca, en lo jurídico y en lo fáctico, esta institución no podría tomarse tal aseveración más que como otro disparate. De hecho, la misma norma que creó esta Corte comienza recordando que no suyo, sino que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

 

Así, sostener que ante crímenes internacionales como el genocidio, nuestros tribunales sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de justicia universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido. Y por volver al inicio, y al tiempo a algo que siempre parece concitar el mayor interés y atención generales: ante el temor, el murmullo o la simple afirmación de que estos procedimientos no hacen sino dañar las relaciones entre unos u otros países, entre España y Marruecos en este caso, no responderé ahora más que con una pregunta final: ¿a las víctimas de los más horribles crímenes internacionales hay que decirles que olviden sus reclamos de justicia porque las autoridades de un Estado u otro pudieran molestarse o enemistarse con nuestro país? Yo, bajo ningún concepto podría hacerlo. ¿Puedes tú?

Delegación de la ONU testigo de la represión marroquí sobre la población saharaui

16 de abril, 2015 – Isabel Lourenço / PORUNSAHARALIBRE.ORG

“¿Cuál es la razón por la cual la MINURSO no rescató a la delegación, mientras estaba siendo atacada y rodeado por la policía en la casa de la señora Aminetu Haidar  y fueron representantes de un organismo marroquí patrocinada por Estados quien los escoltó?

 

¿Qué motivo lleva a la delegación a rechazar categóricamente la organización de reuniones en la sede de la MINURSO, representante de la ONU en el territorio?

 

¿Cuál es la razón por la cual propone la celebración de reuniones en hoteles, en la sede de la organización marroquí y en última instancia en las casas de los activistas miembros de organizaciones que han solicitado su legalización al gobierno marroquí? “

 

Una delegación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se encuentra de visita en el Sáhara Occidental ocupado del 13 hasta 19 abril 2015 para evaluar la situación en los territorios ocupados, la situación de los presos políticos y mantener reuniones con representantes de la sociedad civil. Esta visita se produce pocos días antes de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde una vez más se debatirá la cuestión del Sáhara Occidental, la última colonia en África.

El 14 de abril, la delegación de la ONU fue acorralada durante unas dos horas por las autoridades marroquíes en la casa de la activista Aminetu Haidar en El Aaiún la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

 

Tras el brutal ataque con piedras y palos contra una manifestación pacífica en el barrio Matalaa (que originó varias decenas de heridos), las autoridades marroquíes persiguieron a algunos manifestantes que lograron escapar del asalto y refugiarse en la casa de Aminetu Haidar.

 

En esta casa, la delegación se reunió con Aminetu Haidar y otros miembros de CODESA (Colectivo de defensores saharauis de los derechos humanos), y con los abogados de los presos políticos saharauis.

 

La casa está completamente rodeada por la policía marroquí y también hay informes de que los vehículos de la ONU fueron apedreados.

 

Después de dos horas, la delegación de la ONU fue escoltada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos y pudo regresar a su hotel. Sin embargo, el sitio de la casa se mantuvo, extendiendose a todo el vecindario.

 

A 15 de abril las manifestaciones por el derecho a la libre determinación continúan en El Aaiun, en la Av. Smara, Av. El Chutz, Av. Mekka y en el Barrio Matalaa, una vez más, la policía atacó a los manifestantes causando numerosos daños.

 

 Varios activistas de derechos humanos, fueron secuestrados por la policía durante la noche del 14 y 15 de abril. El expreso político y activista por la autodeterminación, Daha Ettanji fue secuestrado el 14 de abril a las 19.30 horas y llevado al cuartel de policía donde fue interrogado y torturado, y luego puesto en libertad el 15 de abril. Las lesiones que sufrió por la brutal paliza y la tortura a que fue sometido, lo dejaron en estado muy crítico, al no ser capaz de respirar normalmente o caminar.

 

Durante los ataques, los militares se unieron a los oficiales de policía vistiendo los mismos  uniformes que estos y muchos de los policías estaban vestidos de civil.

 

 Las reuniones entre la sociedad civil saharaui y la delegación continuaron el 15 y 16 de abril con varios incidentes en el lugar de las reuniones.

 

 Todas las reuniones deberían haberse celebrado en la sede de la MINURSO, ya que el Sahara Occidental es un territorio no autónomo bajo los auspicios de la cuarta Comisión de la ONU e ilegalmente ocupados por Marruecos, pero este lugar de reunión fue negado por la delegación, a pesar de las apelaciones y protestas de varias organizaciones saharauis.

 

 La visita de la delegación y la forma en la que está sucediendo demuestra que las agencias de la ONU están bajo una fuerte presión de Marruecos y sus aliados.

 

Estos acontecimientos recientes muestran claramente que la población saharaui, cientos de los cuales manifestaron pacíficamente en las calles de El Aaiún, desean el fin de la ocupación.

 

El pueblo saharaui depositó su confianza en las resoluciones de la ONU y la comunidad internacional, pero ninguna de las resoluciones fue implementado hasta la fecha, dejando al pueblo saharaui a merced de una represión brutal y cruel y la explotación ilegal de sus importantes recursos naturales.

 

Es urgente que la comunidad internacional cumpla sus promesas y ponga en práctica las 50 resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental.

Es una vergüenza  para la especie humana, que en el siglo XXI, África tenga todavía un país colonizado.

 

Durante estos primeros días de la visita surgen algunas preguntas.

¿Cuál es la razón por la cual la MINURSO no rescató a la delegación, mientras estaba siendo atacada y rodeado por la policía en la casa de la señora Aminetu Haidar  y fueron representantes de un organismo marroquí patrocinada por Estados quien los escoltó?

 

¿Qué motivo lleva a la delegación a rechazar categóricamente la organización de reuniones en la sede de la MINURSO, representante de la ONU en el territorio?

 

¿Cuál es la razón por la cual propone la celebración de reuniones en hoteles, en la sede de la organización marroquí y en última instancia en las casas de los activistas miembros de organizaciones que han solicitado su legalización al gobierno marroquí?

 

Es un claro intento de dar credibilidad a la CNDH (Consejo Nacional Marroquí de Derechos Humanos), organización que no es independiente, ni vela por el respeto de los derechos humanos cuando se trata de la población saharaui. Este organismo se creó, como se ha adenunciado en varios documentos publicados por el hacker Chris Coleman, para atender las recomendaciones de los diversos informes de la ONU sobre los derechos humanos en Marruecos y en los territorios ocupados.

Marruecos no acepta la inclusión de un mecanismo de derechos humanos en el mandato de la MINURSO y propone a el CNDH para cumplir esta función con visitas ocasionales de la ONU a los territorios.

 

La negativa a celebrar reuniones en la sede de la MINURSO es una manera de quitar cualquier responsabilidad a la ONU con respecto a la población saharaui en los territorios ocupados. Esta actitud refuerza la posición de Marruecos y deja a merced de los ocupantes ilegales la población civil.

 

Por otra parte el hecho de que se llevaron a cabo reuniones en casa de los miembros de las organizaciones que han solicitado su legalización al gobierno marroquí, es una maniobra política y la manipulación que pretende demostrar que si los saharauis aceptan las leyes marroquíes podrán trabajar y organizarse, algo que no es cierto, las asociaciones, organizaciones y grupos formales e informales de saharauis que se resisten a la ocupación y luchan por su legítimo derecho a la libre determinación siguen siendo acosados, secuestrados, torturados y encarcelados. El Reino de Marruecos no tiene derechos legales en los territorios ocupados.

 

La única solución para la descolonización de este territorio de forma pacífica es la ralización de un referéndum que se ha sido aplazado indefinidamente por Marruecos, con la ayuda de sus amigo, entre ellos Francia. La ocupación sólo es posible gracias al apoyo logístico, financiero y envío de armamento de países amigos de los EE. UU. como los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

 

Esta delegación continúa en El Aaiun y Dajla los próximos dos días, después de lo cual la delegación visitará los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

 

La reunión del Consejo de Seguridad el 23 de abril decidirá sobre el mandato de la MINURSO.

Isabel Lourenço, 16 de abril 2015

La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana pone en grave riesgo el derecho de asilo

 

Golpe al derecho de asilo: El Congreso da cobertura legal a las devoluciones ilegales

 

CEAR el 26 marzo, 2015 - Estrella Galán, secretaria general de CEAR

El 22 de octubre de 2014 despertamos con la noticia de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular de una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) a través de la que se planteaba una reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) española para dar cobertura legal a las devoluciones ilegales que llevan años teniendo lugar en las fronteras de Ceuta y Melilla.

 

A pesar de la exigencia de su retirada por parte de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales como el Consejo de Europa y Naciones Unidas, la enmienda ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados e incluida en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) .

 

El texto establece que quienes intenten cruzar la frontera de Ceuta y Melilla sin autorización “serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. De esta forma, se crea la nueva figura de “rechazo de frontera” a través de cual se pretende legalizar las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla. La figura del rechazo en frontera  no cuenta con procedimiento regulado normativamente por lo que  no  contempla las garantías  establecidas en los artículos 20 y 22 de la LOEX para los procedimientos de devolución y expulsión (derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al recurso contra actos administrativos, derecho a abogado e interprete) así como la garantía de no ser expulsado o devuelto en caso de que se vulnere el principio de no-devolución (artículo 57.6). De esta forma, El “rechazo en frontera” sin garantías ni procedimiento alguno pone en grave riesgo el derecho de asilo al justificar la devolución inmediata de personas que llegan a Ceuta y Melilla sin proceder a la  identificación de aquellas merecedoras de protección internacional y otros perfiles vulnerables. Además, estas personas son  devueltas a Marruecos, país que no garantiza el respeto de sus derechos humanos y el acceso a la protección internacional. Esto supone una grave vulneración del principio de non-refoulement por el que ningún Estado puede expulsar o devolver a una persona a un país donde donde su vida e integridad física corra peligro.

 

Tal y como ha afirmado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks,  la legalización de las devoluciones ilegales pueden suponer “el principio del fin del sistema de asilo comunitario”. Ningún país europeo ha regulado estas prácticas ilegales, también cada vez más frecuentes en países como Grecia y Bulgaria. La figura del rechazo en frontera  supone por tanto un grave incumplimiento de  la obligación de facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional y el respeto del  principio de no devolución vulnerando lo establecido tanto en el ordenamiento jurídico español como a la normativa europea y los tratados internacionales ratificados por España.

 

La redacción incluida en la nueva LSC, priva a las personas necesitadas de proteccion internacional al acceso al derecho de asilo contemplado en el articulo 13.4 de la Constitución Española al tiempo que vulnera los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de tutela judicial efectiva  y de igualdad consagrados en este texto. También  se opone a lo establecido en la normativa española  de extranjería y asilo, en el Convenio Europeo de Derechos humanos,  la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva de Retorno, Directiva de Asilo, Código de Fronteras Schengen,  Convención de Ginebra de 1951, Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y  Convención de Naciones Unidas contra la tortura. Resulta a todas luces inaceptable aplicar un régimen fronterizo especial en Ceuta y Melilla al margen de las garantías establecidas en normativa española, europea e internacional.

 

Por otro lado, la apertura de las nuevas oficinas de asilo en Ceuta y Melilla, no debe  utilizarse como excusa para legitimar las devoluciones ilegales de las personas que entran por puestos no habilitados a través de las valla de Ceuta y Melilla.  Al día de hoy,  las personas de origen subsahariano se ven forzadas a llegar a España a través de la valla ya que son numerosos los obstáculos que les impiden llegar a las oficinas. Por ello, es importante recordar que la condición de refugiado no se determina por la forma de acceso al territorio de un Estado. La Ley de Asilo establece expresamente en su artículo 17.2 que “la entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional”. Por ello, tanto las personas que entran por puesto habilitado y llegan a las nuevas oficinas de asilo como aquellas que lo hacen a través de la valla o a nado tienen derecho a pedir asilo y  las autoridades tienen el deber de garantizarlo.

 

La respuesta a la situación existente en la frontera sur de España y de Europa debe partir de un  pleno compromiso por el respeto de  los  derechos humanos de todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. La solución no pasa por blindar las fronteras y dar cobertura legal a prácticas como las devoluciones ilegales sino por abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados y habilitar vías legales para que las personas refugiadas puedan obtener protección en países seguros.

Sahara Occidental: exigimos a Podemos una rectificación definitiva

 

Redacción*. LQSomos. 29 Diciembre 2014

 

Sahara Occidental: exigimos a Podemos una rectificación definitiva y una disculpa por la publicación de un mapa que anexiona los territorios ocupados a Marruecos

Desde la Plataforma de Acción Internacional por la Libertad de los Presos Saharauis de Gdeim Izik queremos saludar con alegría la incursión de este nuevo partido que ha conseguido generar un gran entusiasmo e ilusión entre la gente ante la posibilidad de un cambio en la política española. Precisamente por este motivo, no podemos sino expresar nuestra inmensa preocupación ante la utilización por Podemos de una cartografía ilegal.

 

Y es que el pasado 11 de diciembre Podemos publicaba en su página web para las elecciones municipales un Mapa de Municipios en el que aparecía gran parte del Sahara Occidental anexionada a Marruecos, siguiendo la delimitación establecida por el muro de ocupación marroquí.

 Enseguida numerosas fueron las peticiones que recibió Podemos (dirigidas a Pablo Iglesias, a Carolina Bescansa, a Juan Carlos Monedero, a Íñigo Errejón, al Círculo Podemos Sahara, etc…) para rectificar el mapa. Al principio alegaron que dependía del diseñador del mapa, luego incluso Dina Bousselham respondió por Twitter que ya había sido corregido, cuando no era cierto y la eurodiputada Teresa Rodríguez reconoció el error e indicó que había solicitado que se corrigiera.

 Sin embargo, más de dos días tardó en ser efectiva una modificación del mismo. Y a pesar de las indicaciones, el mapa modificado volvía a ser incorrecto.

 

¿Se trata de un simple error?
No consideramos que pueda ser casualidad, dado que todos los miembros del Consejo Ciudadano de Podemos cuentan con estudios superiores, muchos de ellos en Ciencias Políticas, como el propio Secretario General Pablo Iglesias o su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. En este contexto, resulta poco creíble que hayan sido necesarias hasta cuatro correcciones para que su mapa resultara legal y en cumplimiento de lo establecido por las Naciones Unidas. Además, en ningún momento desde Podemos se ha expresado una disculpa por este hecho.

 

Y ahora nos encontramos de nuevo a que a fecha de 27 de diciembre el mapa ha vuelto a ser modificado y figura otra vez una versión errónea, puesto que, aunque ahora señala la línea divisoria entre Marruecos y el Sahara Occidental, no existe referencia a este último, sino que fuera de la delimitación del Territorio No Autónomo, en Mauritania, figura la mención Sahara (referida pues geográficamente al desierto).

 

Por otra parte, no podemos sino expresar nuestra preocupación ante la falta de actividad conocida y de reacción ante estos hechos por parte del Círculo Podemos Sahara. Aún más preocupante resulta el hecho de que la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo sea una marroqui que según diversas fuentes ha estado vinculada al PAM, partido de su país (Marruecos) conocido por su defensa de la marroquinidad del Sahara Occidental, y que a pesar de las reiteradas peticiones en ningún momento hasta ahora ha expresado públicamente un apoyo al respeto de la legalidad internacional en lo que respecta al Sahara Occidental. Con el agravante de que ésta realiza el seguimiento del trabajo del eurodiputado en comisiones tan sensibles para la cuestión saharaui como Asuntos Exteriores y Derechos Humanos en la Eurocámara.

 

Todo esto sucede después de la aparición de Pablo Iglesias el pasado 14 de noviembre en la EUCOCO, en la que éste expresara que “el cambio democrático pasa también porque el pueblo saharaui pueda recuperar sus derechos y tierras que le fueron injustamente arrebatadas”. Y que lanzara un “llamamiento a la Comunidad Internacional, a la ONU y a España a asumir sus responsabilidades y respetar y cumplir con la legalidad internacional, puesto que jurídicamente Marruecos está invadiendo territorio colonial español y explotando sus recursos”.

 

Por ello, ante lo expuesto:

Instamos a Podemos a rectificar su mapa de municipios de forma definitiva y sin ambigüedades para adecuarlo a lo establecido por la legalidad internacional,

 

Exigimos una disculpa formal por la publicación de un mapa que anexionaba el Sahara Occidental a Marruecos,

 

Reclamamos un posicionamiento público de Podemos claro e inequívoco a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y por el fin de la ocupación marroquí,

 

Hacemos un llamamiento a Pablo Iglesias a que se comprometa formalmente a que su asistente Dina Bousselham no va a estar vinculada ni influenciar de ninguna manera el trabajo de Podemos en el Parlamento Europeo sobre la cuestión del Sahara Occidental, en tanto en cuanto ésta no realice una declaración pública de reconocimiento y de rechazo de la ocupación marroquí y a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui y del cumplimiento del derecho internacional.

 

Pablo Iglesias se preguntaba en su discurso en el EUCOCO “¿qué más tiene que pasar para que la Comunidad Internacional intervenga?” Nosotros nos preguntamos ¿qué más tiene que pasar para que Podemos cumpla con la legalidad internacional en su mapa?

 

Porque la solidaridad con el pueblo saharaui no se demuestra con discursos grandilocuentes que ya pronunciaran otros como Felipe González en el pasado, sino con hechos y con ejercicios de coherencia política.

 

* Plataforma de Acción Internacional por los Presos Políticos Saharauis de Gdeim Izik
accion.presos(arroba)gmail.com

 

 

VÍDEOS: La Guardia Civil deja inconsciente a palos a un inmigrante y lo devuelve atado de pies y manos

Captura de un vídeo de la ONG Prodein. En él se ve cómo cuatro Guardias Civiles transportan
a un inmigrante visiblemente herido, atado de pies y manos, hasta la valla de Melilla.
 Allí devuelven a Marruecos de manera ilegal e incumpliendo su propio protocolo.
 
El joven apaleado en la valla de Melilla ha perdido un riñón y tiene medio cuerpo paralizado, según Prodein

• La ONG Prodein ha difundido un vídeo que documenta la expulsión ilegal de al menos dos personas aparentemente inconscientes en el salto de este miércoles de la valla de Melilla
• Uno de ellos se queda sin conocimiento después de ser golpeado por los agentes españoles, que lo devuelven a rastras
• El jefe de la Guardia Civil de Melilla, imputado por las expulsiones 'en caliente', dirigía el operativo a pie de valla

El Diario.es - Desalambre 16/10/2014

La Guardia Civil devolvió ilegalmente a al menos dos personas, atadas de pies y manos, aparentemente inconscientes, que  habían sorteado previamente la totalidad del entramado fronterizo este miércoles, según ha demostrado un vídeo de la ONG melillense Prodein. Uno de los inmigrantes expulsados de esta forma había quedado inconsciente después de recibir varios golpes por parte de los agentes españoles, mientras el joven intentaba descender de la valla de Melilla.

Con estas actuaciones, el Instituto Armado  incumple la Ley de Extranjería, el convenio bilateral con Marruecos y su propio protocolo operativo.

Uno de los vídeos muestra cómo uno de los jóvenes expulsados de esta forma comienza el descenso de la valla hacia la escalera colocada por la Guardia Civil contra las rejas. Una vez situado sobre los peldaños, recibe varios golpes, dos de los cuales parecen impactar en la cabeza y acaba cayendo al suelo, donde parece quedar inconsciente.

 

Acto seguido, se ve cómo dos agentes arrastran el cuerpo para separarlo de la escalera e intentan sin éxito colocarlo sentado. Después de unos minutos en los que el migrante permanece inmóvil en el suelo, dos agentes más se acercan y, entre los cuatro, lo cargan en volandas hasta un lugar más apartado de la valla, donde lo arrastran hasta el margen de la carretera.

 

No fue el único. Otras imágenes de la organización melillense visibilizan otra expulsión llevada a cabo de forma similar. El inmigrante, que se encuentra tirado en suelo español, es rodeado por cuatro agentes de la Guardia Civil que atan sus manos y sus pies. Posteriormente, cuatro agentes lo levantan –dos le agarran de las manos, y otros dos de los pies– y lo trasladan al interior de la valla, donde será devuelto de forma ilegal a las autoridades marroquíes.

 

Las devoluciones documentadas por Prodein son algunas de las muchas que se realizaron este miércoles, tras el intento de salto de cerca de 200 personas, de las que aproximadamente la mitad permanecieron durante horas sentadas sobre la valla de Melilla. La mayoría de los inmigrantes expulsados fueron retenidos después de superar la última alambrada y, con las manos amarradas, fueron entregados de nuevo a Marruecos incumpliendo la normativa vigente.

 

Durante el mismo intento de salto, cinco inmigrantes fueron ingresados en el Hospital Comarcal de Melilla, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico y otro por un desgarro que requirió cirugía. Se desconoce el número total de heridos que fueron devueltos de forma ilegal a Marruecos –dos casos están confirmados– y el de los que se quedaron en el otro lado de la valla. También resultaron heridos cinco agentes de la Guardia Civil. Uno de ellos presenta un traumatismo cranoencefálico: se cayó desde cerca de tres metros de altura después de forcejear con algunos de los inmigrantes encaramados en lo alto de la alambrada.
 

El coronel imputado dirigía el operativo a pie de valla

Son las primeras devoluciones 'en caliente' documentadas después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla  imputase por posible prevaricación al jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por ordenar las devoluciones 'en caliente'. Martín Villaseñor dirigió el operativo del Instituto Armado desde el terreno tras el intento de entrada de este martes, según informó la agencia Efe.

 

El juez cuestionaba la legalidad del protocolo operativo de fronteras, redactado por el coronel imputado, que legitima las expulsiones inmediatas si el inmigrante no ha cruzado la totalidad de la alambrada. Según explica el documento del Instituto Armado, hasta entonces el inmigrante no ha efectuado la entrada irregular en España y, por tanto, no sería necesario, defiende, el cumplimiento de la Ley de Extranjería, que obliga a abrir un proceso de devolución con garantías.

 

Según recordaba el titular del juzgado, la zona de 'entre vallas' está situada sobre suelo español, de acuerdo con los tratados internacionales firmados entre España y Marruecos, por lo que en esta parte de la valla debería aplicarse la legislación nacional, según las conclusiones provisionales del juez.

 

No obstante, la Guardia Civil está incumpliendo a su vez su propio protocolo operativo. Las imágenes son claras: los inmigrantes han superado de forma evidente todas las alambradas y pisan suelo español. Además, el documento interno del Instituto Armado establece que, si las personas están heridas, tienen que recibir asistencia médica. Nada de esto se cumplió este miércoles.

 

Tras la imputación del jefe de la Guardia Civil de Melilla, el Gobierno ha respaldado al coronel y continúa defendiendo las devoluciones ilegales en frontera. "Cuando un inmigrante pisa España, cumplimos la Ley", aseguró el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista a Cadena Ser. La Ley de Extranjería obliga a abrir un expediente de expulsión con garantías, que incluye el traslado de estas personas a comisaría, asistencia letrada y médica, y la posibilidad de solicitar asilo.

 

Las siguientes imágenes demuestran que, incluso cuando los inmigrantes pisan de forma clara territorio español, el Instituto Armado los devuelve de forma inmediata.

 

 

El juez Ruz rechaza archivar dos causas sobre el Sahara pese a la reforma de la Justicia Universal

Personas concentradas en el exterior de la Audiencia Nacional el 17/12/2007 cuando Garzón admitió a tramite la querella contra los militares marroquíes

lainformacion.com 15/04/14

El juez considera que el Sahara Occidental era una provincia española en los años 70, así como que legalmente seguía estando administrada por España en los 80 y aún ahora.

 

(EFE). El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado archivar dos casos que investiga de genocidio y torturas en el Sahara Occidental porque era territorio español cuando ocurrieron los hechos en los años 70 y 80 y, por tanto, a estas causas no les afecta la reforma de la justicia universal.
En sendos autos, Ruz acoge los argumentos de la Fiscalía de que ambas investigaciones serían competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron en territorio español contra ciudadanos nacionales.

Siguiendo con el criterio de la Fiscalía, el juez considera que el Sahara Occidental era una provincia española en los años 70, así como que legalmente seguía estando administrada por España en los 80 y aún ahora.

En una de las causas Ruz investiga delitos de genocidio en el Sahara contra 31 militares marroquíes a instancias de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y en la otra torturas por parte de 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.

En el caso de la querella contra los militares marroquíes, las asociaciones denunciaron torturas y genocidio entre 1975 y 1987, cuando desaparecieron centenares de saharauis.

Para Ruz, está acreditado que varios los hechos denunciados "fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sahara Occidental era provincia española", es decir, en los años 70.

Las autoridades españolas abandonaron el Sahara Occidental el 27 de febrero 1976, pero el juez asume la competencia para investigar los hechos posteriores por su conexión con los primeros.

Así, su competencia para investigar estos delitos no respondería al principio de justicia universal sino al de territorialidad (competencia de los tribunales españoles para juzgar todo lo que ocurra en el territorio nacional).

Esta querella la comenzó a instruir el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que acordó investigar a, entre otros, Housni Ben Sliman, que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
La otra investigación se inició en 2012 a raíz de una querella de la asociación Asadeh y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario, entre ellos ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad; el agregado militar en la Embajada de Argelia en Mauritania, Nabil Kadour, y el embajador de Argelia en Rabat, el general Omari.

En la querella se denuncia el trato sufrido en Tindouf en los años 80 del siglo pasado, cuando las autoridades españolas ya se retiraron de la zona, "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario".

La Fiscalía informó también a favor de seguir con el procedimiento en virtud del principio de territorialidad, ya que considera que en los años 80, y también ahora, el Sahara Occidental es administrado legalmente, aunque no "de facto", por España.

El fiscal daba varios argumentos para asegurar que legalmente el Sahara sigue siendo español, el primero de ellos que en 1965 España, con su ingreso en la ONU, asumió que era su potencia administradora, una condición que reiteró en la ley de descolonización del Sahara de 1975.

Además, la Fiscalía menciona varias sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que reconocen la nacionalidad española a los nacidos allí tanto en la época de la "provincialización" como en la colonial.

"En definitiva -indica el fiscal- España 'de iure', aunque no 'de facto', sigue siendo la potencia administradora hasta que finalice el periodo de la descolonización (es decir, cuando se celebre un referéndum sobre la independencia)", debe actuar como tal de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.

Por todo ello, el juez estima que es competente para seguir investigando los hechos puesto que parte de ellos se cometieron en un territorio que "a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión".

Burla a la Comunidad Internacio​nal. Marruecos no quiere testigos en el Sahara Occidental

La Observadora portuguesa, Rita Reis, Comisionada por la Fundación Sáhara Occidental, fué expulsada, el día 18 de abril, de la ciudad de El Aaiún (Sáhara Occidental Ocupado) 

El territorio no autónomo del Sahara Occidental, ocupado militar e ilegalmente por Marruecos, donde viene ejerciendo un genocidio sistemático del pueblo saharaui, se encuentra cerrado por las fuerzas de ocupación, habiendo sido expulsados hasta el momento 33 observadores de distintas nacionalidades (españolas, portuguesa, francesa, inglesa, noruega, tunecinas, sudanesas del sur y americana).

Tras décadas de ocupación, en las que Marruecos viola sistemáticamente los derechos del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación, en un plan decidido de acabar con la resistencia de la población saharaui, viene ejerciendo el terror ante la pasividad de la Unión Europea y la Comunidad Internacional. Es un clamor, por parte de Organizaciones de Derechos Humanos, Parlamentos Naciones e Internacionales que el mandato de la Minurso se extienda al control y supervisión de los derechos humanos en el Sahara Occidental. La campaña que se viene realizando, demandando dicha ampliación del mandato, está abonada por numerosos actos y manifestaciones pacíficas en el Sahara Occidental, que están siendo duramente reprimidas cuyos resultados son una continua violencia de las fuerzas de ocupación contra la población civil desarmada.

Con el fin de constatar estas violaciones y poner de manifiesto ante la comunidad internacional la necesidad de esta ampliación del mandato de la Minurso, fue convocada la II Conferencia Internacional de Apoyo a la Resistencia de las Mujeres Saharauis en los Territorios Ocupados, acudiendo al territorio 33 participantes de diversas nacionalidades.

Por parte de Marruecos se ha producido durante estos días una verdadera caza y captura de los extranjeros observadores, con el fin de evitar la presencia de los mismos en el territorio.

Durante toda esta semana hasta hoy mismo han sido expulsadas sistemáticamente todas aquellas Delegaciones que han intentado entrar en el Sahara Occidental, abortando sus viajes, tratándolos de forma humillantes, en algunos casos con interrogatorios y no permitiendo el libre tránsito en el Sahara Occidental, al que está obligado  el régimen marroquí.

Rita Reis, es una de las últimas observadoras expulsadas. Esta joven portuguesa, con amplia experiencia y formación en derechos humanos y observación, habiendo participado como observadora internacional durante todas las sesiones del juicio celebrado en el Tribunal Militar de Rabat contra el grupo de Gdeim Izik, que viajaba desde Lisboa a El Aaiun, acreditada por esta Fundación, fue interceptada en el aeropuerto de El Aaiun. Tras ser interrogada por la policía marroquí que ocupa el aeropuerto  de la capital del Sahara sobre su filiación política, motivos del viajes, identidad de las personas que le esperaban en el aeropuerto y no siendo satisfactorias las respuestas dadas, y tras ser fotografía contra su voluntad, en un claro acto intimidatorio,  fue obligada a abandonar el aeropuerto y por la fuerza, conducida al avión para ser devuelta a Casablanca.

Ante la indefensión que está sufriendo la población saharaui, las violaciones graves de derechos humanos que comete a diario el régimen marroquí, la política de Marruecos de cerrar el territorio a la Comunidad Internacional, contraviniendo los tratados internacionales firmados, los acuerdos preferenciales suscritos y el derecho internacional que ampara a la población saharaui y al trabajo de los observadores, esta Fundación insta a los gobiernos y responsables de la Unión Europea y de los países cuyos nacionales han sido expulsados a que promuevan acciones concretas para obligar al reino de Marruecos a poner fin al genocidio del pueblo saharaui que dura ya 4 décadas.

Desde esta Fundación mostramos nuestra solidaridad con las víctimas de la represión policial marroquí, así como con las observadoras que de forma desinteresada y altruista, ponen en peligro su integridad, para ser testigos de una realidad que el régimen marroquí quiere ocultar.

Fundación Sahara Occidental
C/Santo Domingo, 64, 1º Derecha
06001 Badajoz

Tfno: 924 22 49 98 -- 608 73 78 71
Fax: 924 24 32 51

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Amnistía lanza una campaña que exige responsabilidades por las muertes en Ceuta y el fin de las devoluciones en caliente

Madrid, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha anunciado este lunes la puesta en marcha de una campaña online que exige que se depuren responsabilidades tras la muerte de 15 personas cuando intentaban llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal el pasado 6 de febrero y el fin de la devolución sobre la marcha de cuantos consiguen alcanzar España, una práctica que, recuerdan, "es ilegal" y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

Según explica la organización, reformar la Ley de Extranjería, como plantea el Ministerio del Interior, para dar amparo legal a esta práctica por la que los 23 inmigrantes que consiguieron alcanzar Ceuta el día de la tragedia fueron entregados directamente a Marruecos usando una puerta de la valla fronteriza, no es una opción.

 

"Las expulsiones colectivas y 'en caliente' son una práctica ilegal que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos" asegura el director de AI en España, Esteban Beltrán.

 

En este sentido, recuerdan que 'agilizar' la devolución de los inmigrantes en aplicación del convenio de readmisión firmado y vigente con Marruecos tampoco exime a España de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos: "cualquier acuerdo debe contemplar garantías claras y efectivas de respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas".

 

Para Beltrán, "estas prácticas ilegales deben parar inmediatamente". "Ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro", ha añadido el responsable de Amnistía Internacional España.

 

La organización ha puesto a disposición de los internautas su espacio www.actuaconamnistia.org para que se exijan al Gobierno que no toque la Ley de Extranjería y lleve a cabo una investigación interna, "exhaustiva e independiente" de las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

La policía intenta desalojar a los sirios que piden en Melilla cruzar a la península

Abdelkader posa con parte de su familia / Fotografía: J. Blasco de Avellaneda

• El grupo de sirios permanece en una plaza de la ciudad autónoma para reclamar cruzar a Europa pero también porque algunos no tienen otro sitio donde quedarse
• Desde 2010, las personas que solicitan asilo en las ciudades autónomas se quedan allí encerradas mientras se tramita su petición
• "Si no tienes donde ir,  te metes en un portal o donde te dé la gana", dijo uno de los agentes que intentaba desalojarles

eldiario.es - Jesús Blasco de Avellaneda 26/10/2013

Durante la noche del pasado viernes varias patrullas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional expulsaban de forma violenta a los 18 sirios que todavía quedaban acampados en la Plaza de España de Melilla en protesta por su situación de desamparo político y social: después de huir de la guerra y pedir asilo, están  encerrados en la ciudad autónoma hasta que se tramite su solicitud. Piden cruzar a la península y acceder a Europa.

Los agentes llegaron con rapidez, arrancaron todas las pancartas de la plaza y se dirigieron a gritos a los jóvenes y familias allí tiradas en el césped: "Tenéis dos opciones: os vais y os lleváis todo o, si os quedáis aquí, las mantas, cartones y abrigos nos los llevamos nosotros". Los sirios, que no entendían las órdenes en español, comenzaron a levantarse y a hacer ademán de entregar la documentación a los policías. Entonces éstos comenzaron a echarlos de la plaza y a arrebatarles los cartones que les sirven de aislantes en las frías y húmedas noches de otoño en Melilla.

"Pero, ¿dónde vamos a ir?", señaló sorprendido un joven en un castellano afrancesado: "Si no tienes dónde ir, te metes en un portal o dónde te dé la gana, pero aquí no te quedas ni tú ni ninguno", expuso uno de los agentes. Los más jóvenes no sabían qué hacer: no tenían dónde ir, pero no podían quedarse sin su ropa de abrigo; y daban pasos en falso y buscaban en los alrededores a alguien que les tradujera las órdenes policiales. Estaban allí, no sólo para reclamar una solución a su situación administrativa después de huir de una guerra civil donde lo han perdido casi todo, sino porque realmente se encuentran en la calle, ya que la Jefatura Superior de Policía todavía estudia su situación, por lo que no tienen plaza en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

En cambio, la única familia, con niños pequeños incluidos, que permanecía acampada este viernes lo hacía porque alguien les robó el bolso donde tenían todo el dinero que han traído desde Siria y no podían seguir pagándose la pensión donde duermen. Tienen plaza en el CETI pero no quieren volver: "Allí a los sirios y los argelinos se nos trata como perros, no tenemos derecho a nada. Parece que no saben que escapamos de la guerra", aseguraba el padre de familia. Finalmente, los sirios decidieron pasar la noche en la plaza y la policía, que prohibió a los periodistas tomar imágenes, les arrebató las mantas y enseres de abrigo como castigo.

Adnaan: de las balas a la calle

Uno de los chavales que duerme estos días tirado en los jardines de la Plaza de España de Melilla es Adnaan. Este joven sirio, de 20 años de edad, huyó hace poco más de seis meses de la masacre humanitaria que acontece en su país. Dice haber estado en medio de tiroteos y haberse librado por poco de ser alcanzado por una bala.Llegó a Melilla hace dos semanas y desde entonces duerme en la calle: "Ya no puedo más. Necesito comer bien, ducharme, afeitarme y poder pensar en otra cosa", comenta compungido mientras mira al vacío con unos ojos verdes y profundos que dan cuenta del dolor y de la desesperación.

Como ocurre con la mayoría de ciudadanos que comparten idioma o rasgos físicos con los magrebíes, Adnaan debió entrar a Melilla con documentación marroquí, por lo que todavía se estudia su expediente y, a pesar de portar su pasaporte original sirio, no puede ser acogido en el centro de inmigrantes.

Familias separadas por el ADN

Otro de los graves problemas de estas personas que emigran hacia Europa es la reagrupación familiar. Para evitar la apropiación indebida de niños, a las familias que llegan al CETI  se les exige un análisis de ADN que certifique que los menores son hijos biológicos de los adultos que los portan.Mientras el resultado de las pruebas llega –que en algunos casos ha tardado hasta más de un mes y medio- los niños son separados de sus padres y llevados a los centros de menores. Si las pruebas son positivas, las familias se reagrupan y, si no, siguen separadas y se estudia qué medidas legales tomar.

En esta situación se encuentra la familia de Abdelkader, un comerciante de ropa que salió hace un año de Aleppo, al norte de Siria, con toda su familia. Sufrió mucho durante el largo camino necesario para atravesar Egipto y Argelia. Su intención es llegar a Bélgica donde tiene parientes y amigos que esperan para acogerles.

Abdelkader ha llegado a Melilla con sus cinco hijos, todos menores de edad. Le han arrebatado a los que no son bebés y los han enviado al Centro de Menores de La Purísima. Lleva semanas esperando los resultados de los análisis y, a pesar de estar agobiado con la situación, asegura que "no nos queda más que esperar, seguir luchando y creer en que todo saldrá bien al final".

Entiende que se hagan pruebas para que la gente no cometa delitos y no se aproveche de la situación humanitaria, pero dice que no siempre los análisis llevan razón. Explica que en Oriente Próximo también se adopta, por lo que las pruebas de ADN no valdrían en este caso. Y comenta que, lo lógico sería tener a la familia reunida mientras se esperan los análisis y, si son negativos, separarla; pero no separarla nada más llegar.

Presos pero con esperanza

El resto de familias que han vuelto al centro de acogida lo han hecho con la promesa de que su situación se va a tramitar y a resolver en un periodo máximo de dos meses. Ellos insisten en que se sienten "presos" en Melilla y que la sensación de huir de una guerra y verse atrapado en esta ciudad "es muy frustrante".

Desde instituciones como el Defensor del Pueblo o ACNUR se lucha por convencer al mayor número de sirios para que soliciten el asilo y así poder ir estudiando en profundidad los diferentes casos y tramitando expedientes con mayor rapidez. Con que uno sólo de ellos pidiera asilo, se podría tramitar el de la mayoría de todos los que están en la misma situación en poco tiempo, aseguran abogados e instituciones.

 Ellos son reticentes a la hora de pedir el estatus de refugiado en Melilla y Ceuta porque saben que normalmente va en perjuicio de sus intereses. Así lo denunciaba el relator especial de la ONU para el racismo, Mutuma Ruteere, que veía clara discriminación en la gestión del asilo en estas dos ciudades españolas, respecto del resto.

Grupo Parlamentario Nacionalista Canario exige a la Comunidad Internacional que vele por la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado

spsrasd.info - Santa Crùz de Tenerife, 26/10/13-. El  Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) por Tenerife, a travès de  su  diputada Flora Marrero,  ha exigido  a la Comunidad Internacional que, a través la Minurso, la misión de la ONU en el Sáhara, salvaguarde los derechos de los saharauis ante los continuos actos de represión por parte del ejército marroquí que está respondiendo con violencia desmedida, arrestos arbitrarios y allanamiento de viviendas a las manifestaciones pacíficas que se están sucediendo en el Sáhara ocupado.

En una nota de prensa  de condena publicada  por (CC-PNC-CCN)  , Flora Marrero Ramos  ha señalado  que la última manifestación pacífica convocada en El Aaiún con motivo de la visita del enviado de la ONU para el Sahara Occidental, Christopher Ross ha terminado con decenas  de  heridos y  que esos hechos “se han  producido  delante de quien está llamado a mantener la paz y garantizar la libertad de los saharauis”.

Para la diputada nacionalista este hecho evidencia que la comunidad internacional sigue dando la espalda al pueblo saharaui y no está trabajando para preservar los derechos de la población saharaui en cumplimento de las resoluciones de Naciones Unidas. Marrero, que recuerda que desde 1975 Marruecos “ocupa ilegalmente y por la fuerza el Sahara Occidental” pide a Naciones Unidas que "intensifique sus esfuerzos para que se dé una solución inmediata a un conflicto que lleva enquistado demasiado tiempo".

La diputada nacionalista recuerda que lo único que pide el pueblo saharaui es la oportunidad de decidir libremente y en paz su futuro; un derecho reconocido por Naciones Unidas que es “ignorado y represaliado por Marruecos”.

En este sentido, asegura que las manifestaciones pacíficas  de reivindicación de sus derechos civiles y políticos del pueblo saharaui que en los últimos meses se suceden en todo el Sáhara Occidental están siendo respondidas por parte de Marruecos “con una fuerza desmedida y a todas luces injustificada” lo que debe ser condenado “con rotundidad” por la comunidad internacional.SPS

Piden al Borbón que medie en Marruecos por los Derechos Humanos. ¿Amnistia Internacional pretende hacernos reir, o llorar?

Campamento Saharaui arrasado en el año 2010

Hasta la Victoria Final 12/7/13

¿Que va el borbón a expresar a su "hermano" el sátrapa marroqui, la misma preocupacion, que el jefe de la casa real muestra por esos DD.HH. para con los subditos de su cortijo?

¿Va a enseñar como entregar cientos de miles de millones de dinero publico a la gran patronal y sus bancos?

¿Va a enseñar como reprimir a quienes exigen en la calle sus derechos?

¿Va a enseñar desde la inmunidad, desde la impunidad real como se venden o entregan poblaciones y territorios a cambio de..?

¿Va a enseñar como se vive a cuerpo de rey a costa de los trabajadorxs y los pueblos sobre los que reina por designacion de su mentor el genocida Franco?

¿Va a preguntar a su "hermano" el tirano del pueblo marroqui, el ocupante del Sahara, cuantos hombres y mujeres de su pueblo, del ocupado pueblo saharaui, han sido asesinados por sus guardias y su ejercito, con las toneladas de todo tipo de armas entregadas o vendidas, por los sucesivos gobiernos a las ordenes del capital y de su majestad el borbon, a él, al criminal de su padre, a sus gobiernos...?

 

¿Acaso no sabe Amnistia Internacional el papel jugado por el borbón en la entrega del Sahara a Marruecos, y en el apoyo politico de sus gobiernos e instituciones a la ocupacion, y a la represion del pueblo marroqui y del pueblo saharaui?

¿De verdad piensa Amnistia Internacional que este ejemplo de honestidad, decencia, austeridad, servicio a "sus" pueblos es el adecuado para esa función?

¿Que pretende realmente Amnistia Internacional con esa carta? 

 

Ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos.

Salud ...y Poder Popular

 

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Amnistía Internacional ha enviado una carta al rey Juan Carlos para hacerle llegar sus preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos sobre Marruecos, para que las traslade en la visita que el monarca hará a este país del 15 al 18 de julio.

 

En una nota de prensa, Amnistía Internacional dijo que "confía en que el Rey español transmita estas preocupaciones a su homólogo marroquí y contribuya de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en el país vecino".

Además, ha puesto en marcha una ciberacción dirigida al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, para recordarle que "la crisis económica no puede ser excusa para hacer de la política exterior española una herramienta orientada exclusivamente a la búsqueda de acuerdos comerciales e inversión empresarial, sino que los derechos humanos deben estar en el centro de la misma".

Los temas concretos que denuncia AI son las violaciones de derechos humanos cometidas en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf (Argelia); la situación de la libertad de expresión, reunión y asociación; el "uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestantes", las noticias de "tortura y malos tratos" y "la violencia y la discriminación hacia las mujeres".

(SERVIMEDIA)