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| Mosaico en la barriada de O'Donnell |
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Tras la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en símbolos y
monumentos, perviven más elementos de los que se aprecian a primera
vista, ya sea porque no resultan conmemorativos, tienen carácter
artístico o bien por decisión de su titular.
Los marchadores que cruzan la Marina Española ya depararon en esta
arqueta de telecomunicaciones clavada en la acera, en las proximidades
de la Rampa de Abastastos. Forjado sobre la placa metálica, se dibuja el
Águila de San Juan, que el escudo de España lució durante el periodo
franquista. Mientras pasan junto al lugar, los senderistas giran la
cabeza para ver de qué se trata aquello que capta la atención de los
curiosos.
Este símbolo predemocrático que escapa a la vista por su
ubicación, en el suelo, podría ser el superviviente a la Ley de Memoria
Histórica aprobada en diciembre de 2007. Sin embargo, no es el único que
pervive en la ciudad.
En la anterior etapa socialista, el Congreso
de los Diputados aprobó este cuerpo legislativo por el cual la
“democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella
honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron
las injusticias y agravios producidos” en la Guerra Civil y la
dictadura. Entre las aplicaciones de la normativa, el artículo 15
comprende aquellos símbolos y monumentos públicos que hacen referencia
al régimen y cuya retirada debe ser efectiva de acuerdo con su
contenido.
Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, están obligadas por la Ley de Memoria Histórica a adoptar
las medidas “oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y
otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la
represión de la dictadura”.
Entonces, ¿por qué perduran esos objetos
en las fachadas y otros elementos arquitectónicos en el medio ambiente
urbanístico de Ceuta? El motivo podría estar en el propio artículado:
estará exento de retirada cuando las menciones sean de “estricto
recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran
razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas
por ley”.
Por tanto, esas circunstancias deberían concurrir, por
ejemplo, en el caso de la arqueta de telecomunicación de la Marina que
continúa en su ubicación original. Desde la Ciudad Autónoma comentan que
es propiedad de una compañía telefónica y, posiblemente, incluso esa
empresa desconozca su existencia o simplemente olvidara que porta la
insignia franquista ya que la placa metálica cumple con su función de
forma correcta y en ningún momento se plantearon revisarla para su
sustitución por deficiencias.
La presencia de este supuesto que se
podría repetir en otros lugares queda justificada, pero éste no es el
último vestigio franquista que pervive en Ceuta. En el barrio de
O’Donnell, dos mosaicos con el águila que los defensores de la Ley de la
Memoria Histórica consideran anticonstitucional, continúan adosados a
la fachada de un edificio. En principio, carece de carácter
conmemorativo y podría tener un valor artístico, razones que harían
posible que siga en ese lugar.
Unos cientos de metros en dirección a
la avenida de África, en la mezquita Mulay Mehdi, podemos encontrar
otro recuerdo del régimen anterior a la democracia. Esta alabanza a la
figura del caudillo tampoco puede ser extraída del templo religioso
puesto que correspondería a la comunidad, en este caso la musulmana, la
decisión de deshacerse de este recuerdo a quien estuvo tan estrechamente
relacionado con su construcción.
No es el único credo que mantiene
estos recuerdos en sus dependencias. La Plaza de San Daniel, en la cara
posterior de la Catedral de Ceuta, exhibe otro de estas excepciones. Una
enorme cruz de piedra conmemora a los caídos por Dios y por España la
cual, al estar ‘acogida a sagrado’, tampoco puede ser intervenida por la
administración y sería competencia de la Iglesia adoptar una resolución
sobre esta cuestión.
Según la exposición de motivos de la Ley de
Memoria Histórica, su intención es contribuir a “cerrar heridas todavía
abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que
sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las
consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la
dictadura”. El mismo texto añade que, “profundizando de este modo en el
espíritu del reencuentro y concordia de la Transición, no son solo esos
ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la
democracia española en su conjunto”.
No obstante, este cuerpo
legislativo también regula la declaración de ilegitimidad de los
tribunales durante la Guerra Civil; la declaración de reparación y
reconocimiento personal; la mejora de prestaciones reconocidas; las
medidas para la identificación y localización de víctimas; el
reconocimiento a las asociaciones de víctimas; las edificaciones y obras
realizadas mediante trabajos forzosos y la creación de un centro
documental de la memoria histórica y el archivo general de la Guerra
Civil.
Dependiendo de cada conciencia, para unos resulta cómico pisar
la placa con el águila en la Marina mientras que otros prefieren
esquivarla en su paseo. No se puede ser políticamente correcto en todos
los rincones de la ciudad autónoma.
Un lustro más tarde. Cambio de prioridades para la Administración:
Hace cinco años que se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Desde
entonces, las prioridades de la Administración han cambiado no solo por
el cambio de partido político al frente del Gobierno, sino también por
la situación económica desde que comenzara la crisis. Aunque los
defensores de este cuerpo legislativo consideran que sus
reivindicaciones han caído en el olvido, su articulado continúa vigente y
es de obligada aplicación aunque con sus excepciones.
