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| Entierro de los restos recuperados en el pozo de Las Brujas, en Arucas (Foto: C7) |
Canaria7.es - Rosa Rodríguez / Santa Cruz de Tenerife
La puesta en servicio por parte del Gobierno de Canarias de un portal con la información disponible sobre desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo es sólo el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso que tendrá que asumir el nuevo Gobierno. Arranca ahora el tiempo de la investigación y la apertura de fosas.
La apertura hace un año de un portal web con los datos por islas y municipios y los testimonios de familiares y de víctimas de la represión franquista en Canarias, así como a información detallada sobre las fosas en las que ya se han localizado desaparecidos y los lugares en los que se sospecha que podría haber enterramientos clandestinos fue «una apuesta», pero, sobre todo, explica Alejandro Parres, director general de Relaciones con la Administración de Justicia en funciones, «una obligación» para con las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de las Islas, que «el sentimiento que tenían era el de abandono por parte de las administraciones públicas».
El portal web, en el que, además, hay un listado de 531 desaparecidos, con nombre y apellidos, ha sido, dice Parres, la manera de oficializar la política de Memoria Histórica en la Comunidad Autónoma, dándole un «carácter oficial al trabajo fragmentado» de las asociaciones, pero también, asegura, es el primer paso a la parte más ambiciosa que es, asegura, «la gran asignatura pendiente». Se refiere Parres a incorporar en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma las partidas necesarias para llevar a cabo proyectos de investigación y de exhumación de los restos que aún están en fosas, pozos, simas o búcaros.
«En la agenda del Gobierno ya está la Memoria Histórica; ahora toca continuar y el objetivo político y la planificación están», asegura Alejandro Parres.
Pero, además de la puesta en marcha de proyectos para la apertura de fosas, el equipo que hasta ahora ha dirigido Francisco Hernández Spínola en la consejería de Presidencia y Justicia, tiene ya prácticamente cerrada la creación de un banco de ADN. «La maquinaria está adquirida y sólo resta dotarlo de base jurídica, sobre todo en lo relativo a la protección de datos y oficializarlo», segura Alejandro Parres.
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