"Las familias de las víctimas de las muertes de Ceuta se han quedado sin palabras al leer el auto"

Las víctimas de las muertes de Ceuta

• El juzgado ha exculpado a los 16 guardias civiles imputados por la muerte de 15 personas al ser repelidas en la frontera con pelotas de goma y botes de humo
• "Confiamos y tenemos la seguridad de que la muerte de mi hermano no va a quedar impune y vamos a salir adelante", le han dicho familiares de las víctimas a la activista Helena Maleno
• "Hemos devuelto la tranquilidad por este sin sabor de los imputados y de sus familias", afirma a eldiario.es Jesús Martín Vázquez, abogado del capitán imputado

 El Diario.es - Gabriela Sánchez 15/10/15
 "Buenas noticias". Son las palabras escogidas por la Guardia Civil para celebrar  el archivo provisional de la causa que investigaba la muerte de 15 personas en aguas fronterizas de Ceuta. "Hay madres destrozadas para las que no son buenas noticias. Un padre que se ha quedado sin su hijo mayor, que también dice que no son buenas noticias. Para ellos, para los derechos humanos y para la democracia, no son buenas noticias", dice Helena Maleno, activista y premio de Derechos Humanos de la Unión Progresista de Fiscales y del Consejo General de la Abogacía Española, entre lágrimas después de hablar con las familias de algunas de las víctimas del 6 de febrero de 2014.

"Conseguiremos justicia donde sea. Confiamos y tenemos la seguridad de que la muerte de mi hermano no va a quedar impune y vamos a salir adelante", han señalado desde Camerún los familiares de algunos de los fallecidos a la portavoz de Ca – Minando Fronteras tras conocer la noticia del sobreseimiento provisional de la causa que investiga la muerte de sus allegados. Algunos de los supervivientes del 6 de febrero que alcanzaron Europa posteriormente han perdido su creencia en la justicia. "Ellos nos han dicho que sabían que esto iba a ocurrir, que han visto cómo tratan a los migrantes en las fronteras", traslada Maleno.

Al otro lado, la Unión de Oficiales de Guardias Civiles ha mostrado sus satisfacción por la decisión judicial y destaca que "el derecho a la presunción de inocencia de los 16 imputados debe prevalecer". "La jueza ha concluido que no hay ninguna relación causa y efecto entre la actuación de los guardias civiles y las muertes. Los agentes imputados solo han cumplido la ley. "Hemos devuelto la tranquilidad por este sin sabor de los imputados y de sus familias", afirma a eldiario.es Jesús Martín Vázquez, portavoz de la asociación de mandos y letrado del capitán de la Guardia Civil de Ceuta, imputado en la causa.

El pasado 6 de febrero 15 personas murieron en las aguas fronterizas de Ceuta en un intento de entrada repelido por la Guardia Civil con botes de humo y pelotas de goma. La jueza encargada del caso, María del Carmen Serván, ha decretado este jueves el sobreseimiento provisional de la causa contra 16 guardias civiles por los delitos de homicidio y lesiones. La magistrada concluye que los agentes de la Guardia Civil emplearon el material antidisturbios "con efecto disuasorio" y afirma que "no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material".

El auto también sostiene que los "los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar" porque, dice, "asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso de las fuerzas marroquíes y de la guardia civil". Y cuestiona que los cuerpos localizados en aguas ceutíes los días posteriores correspondiesen a aquellos que perdieron la vida el 6 de febrero.

"Las familias ya tienen el auto y se han quedado sin palabras", dice la defensora de derechos humanos Helena Maleno, quien se hizo eco desde el primer momento de la versión de los migrantes. "Los defensores de los derechos humanos también vamos a seguir adelante", insiste la activista.

A lo largo del auto, la jueza dedica varias hojas a desacreditar el informe de la ONG Ca–Minando Fronteras y cuestiona su metodología. "No es un informe jurídico. Es un informe elaborado para arrojar luz sobre nuestras políticas fronterizas. Nos lo pidió el juzgado y, de buena fe, lo entregamos debido a que no había ningún testigo en el lado español. Todos fueron devueltos en caliente", afirma Helena Maleno al respecto.

"La magistrada lo analiza como si fuese un documento jurídico cuando no lo es. Usamos la metodología de nuestro colectivo, que es participativa y consiste en discutir a partir de la versión aportada por la otra parte para interaccionar con la red", añade Maleno. 

"Nuestro informe se ha usado para desprestigiar la labor de los defensores de derechos humanos y a las víctimas, destacando únicamente determinados testimonios, de forma segada", lamenta. "Este auto puede agravar la situación de inseguridad que ya teníamos los defensores de derechos humanos", añade la activista que ha sufrido varios ataques y amenazas por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Marruecos.

Una de las frases del auto provoca un dolor más pronunciado en la defensora de derechos humanos.

"Los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda (...). Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil".

"Eso va contra nuestras leyes. Para eso tenemos a Cruz Roja y a miles de personas que se lanzan a salvar a los migrantes. El 6 de febrero hubo gente que se tiro al agua. A algunos les salvaron sus compañeros. Hubo militares marroquíes que se lanzaron al agua", recuerda Maleno. "Qué dolor más grande. ¿Con eso la jueza está diciendo que si tu hijo se tira a la piscina no le vas a rescatar? ¿Con esto la jueza dice que se tiene que tratar a los migrantes como perros? Legalmente no tiene ningún sentido. Es un auto 'contra invasores', añade la activista.

Desde la acusación popular, la letrada de una de las ONG personadas, Coordinadora de Barrios, también ha mostrado su "disconformidad" con el contenido del auto. "No entendemos que un juzgado haya acogido como válidas las versiones exculpatorias de los imputados cuando se ha visto que mintieron en sus declaraciones", defiende Patricia Fernández.

"El auto no se ajusta a derecho y es incompatible con un estado democrático y de derecho pero, además, es cuestionable desde el punto de vista humano. Trasladar la culpa a los fallecidos es inhumano. Nosotros podemos entender muchos pronunciamientos judiciales pero hay algunos que no los podremos compartir jamás", valora Gonzalo Boye, letrado de Observatori DESC, plataforma personada en la causa. 

Por su parte, desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil insiste en que los agentes imputados "han cumplido en todo momento la ley". "Ellos nos protegían también a nosotros de una avalancha, de un ataque anterior y de una vulneración del régimen de la frontera", indica Matín Vázquez.

La placa del asesino fascista retirada, la ciudad está más limpia

 

 

Diario Octubre  08/06/2015

La retirada por gente desconocida de la placa homenaje al asesino fascista, Eufemiano Fuentes, del Parque del Estadio Insular, Las Palmas de Gran Canaria, supone una verdadera alegría para las víctimas del franquismo, para las más de 5.000 familias de canarios/as asesinados/as por estos monstruos nazis de Falange, la oligarquía isleña y el criminal ejército español.

 

Este personaje siniestro y brutal encabezó las “Brigadas del amanecer” desde 1936, una organización requeté que sembró el terror por todas las islas, sacando de madrugada a la gente de la izquierda de sus casas a palos, patadas y golpes, a demócratas que defendían la legalidad constitucional republicana. Torturó, asesinó, robó, masacró, violó, realizó todo tipo de masacres contra gente inocente.

 

Por eso la retirada clandestina de ese panel supone todo un acto de heroísmo en unos tiempos terribles, donde la generalizada corrupción política exalta a sus podridos héroes, a tipos tan asquerosos como este asesino, el tabaquero que violaba de forma selectiva, ejerciendo el derecho de pernada a sus trabajadoras en la fábrica “La Favorita” en la salida hacia el centro de la isla de Gran Canaria.

 

Políticos ultraconservadores como el alcalde saliente del PP de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, junto al presidente también saliente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, también del PP, ahora escindido, conocido por los sucesos de Londres donde junto a su mujer protagonizó el vergonzoso robo de un pijama.

 

Estos tipos son los responsable de este acto de presunta apología del terrorismo, de una clara vulneración de la Ley de Memoria Histórica, colocando este panel que ahora afortunadamente ha desaparecido. Un panel manchado de la sangre de miles de canarios/as torturados/as y asesinados salvajemente por este monstruo asesino, por un genocida salvaje a quienes estos políticos de la derecha más rancia y nostálgica del franquismo rinden un tributo, un homenaje bastardo basado en el crimen y el genocidio sobre lo mejor de nuestro pueblo.

 

Me alegra mucho esta acción, sea quien sea quien la realizara, si tuviera cava en mi humilde nevera sin duda brindaría con mis camaradas y familiares más cercanos. Mi alegría, mi inmensa satisfacción parte del dolor eterno de mi familia, del asesinato en su cunita de mi tío el bebé de 4 meses, Braulio González García, por una brigada dirigida por este criminal de lesa humanidad, del fusilamiento de mi abuelo por defender la democracia junto al alcalde de San Lorenzo y resto de camaradas del municipio de San Lorenzo el 29 de marzo de 1.937.

 

No olvido, ni perdono: No olvido porque si no mis amados muertos morirían en el laberinto del amor y la memoria, no perdono por qué si perdonáramos exaltaríamos a estos asesinos, morirían en nosotros/as estas ansias de lucha liberadora y emancipadora.

Fuente: http://viajandoentrelatormenta.blogspot.com.es/

Caso Sahara: ¿justicia universal sólo para españoles?

 

Defender que ante atrocidades y crímenes internacionales como un genocidio, los tribunales españoles sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de jurisdicción universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido jurídicamente hablando

 

El Diario.es - Javier Chinchón Álvarez 16/04/2015

El auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional del pasado día 9 ha suscitado gran número de valoraciones, comentarios y reacciones. Entre ellas, las del posterior comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en el que se subrayaba el “asombro” de las autoridades de aquel país ante “la inédita decisión judicial española”. Ciertamente, debería causar asombro -como mínimo- que hayan tenido que transcurrir tantas décadas para que dejara de ser algo desconocido, nuevo, el procesamiento de algunos de los presuntos responsables del “ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”, como considera indiciariamente acreditado este Auto. Y es que baste recordar que como se detalla en la querella presentada en 2006, desde que presuntamente se cometieron aquellos crímenes, “Marruecos ha (…) denegado y sigue denegando de forma permanente y generalizada el derecho a la tutela judicial de las víctimas”. Estamos pues ante una muy buena noticia.

 

No obstante, hay otro particular que temo que no ha causado similar sensación de sorpresa, pero que al menos a mí me ha dejado asombrado -como mínimo- y es al que quisiera dedicar este artículo.

En muchas referencias en los medios de comunicación, así como en diversas declaraciones de las autoridades españolas, se destacaba que este procedimiento era posible al tratarse de crímenes cometidos contra españolas. Por mejor decir, en varias ocasiones he leído, visto y oído que esta causa ha podido avanzar pese a la radical limitación que pretendió imponer la Ley Orgánica 1/2014 respecto al principio de justicia universal, en tanto que las víctimas eran españolas. En esta afirmación resuena buena parte de lo que hubo que escuchar cuando se nos presentó aquella infamia legislativa, y que ahora podemos resumir en algo que hace unos días repetía nuestro ministro de Exteriores en una entrevista: que los tribunales españoles no pueden “aplicar la justicia en 193 países afecte o no afecte a ciudadanos españoles”. Añadía el ministro que eso era “un disparate” y que en consecuencia “ellos lo habían tenido que cambiar”. Bien, vayamos por partes.

 

Lo primero que debe quedar claro es que, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 1/2014, el artículo 23.4 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que nuestros tribunales no pueden enjuiciar ni los crímenes de genocidio, ni los de guerra, ni los crímenes contra la humanidad cometidos contra españoles fuera de nuestro país. No tienen competencia. O mejor expresado, con la Ley Orgánica 1/2014 el legislador ha querido establecer que no la tienen. La razón de semejante disparate -éste sí- no fue otra que intentar acabar con diversos procesos abiertos en España en los que había víctimas españolas, señaladamente el caso Tíbet. De ahí también que la Ley Orgánica 1/2014 ordenase el archivo de las causas entonces en marcha que no cumplieran con los nuevos límites que pretendió imponer.

 

El motivo por el que el procedimiento por el presunto genocidio cometido en el Sahara ha seguido adelante es otro. Para explicarlo debemos remontarnos a una decisión anterior de la Audiencia Nacional, el Auto de 15 de abril de 2014. Sin detenernos ahora en cuestiones técnicas, el hecho es que entonces se decidió continuar con el proceso no porque los crímenes se hubieran cometido contra españoles, sino porque se habían perpetrado en un territorio que era España. Es decir, pese a que la Ley Orgánica 1/2014 persiguiera el cierre de todas las causas por crímenes internacionales cometidos fuera de nuestras fronteras aunque sus víctimas fueran nuestros compatriotas, aquello no pudo alcanzar a este procedimiento: para hacerlo, debería haber previsto que nuestros tribunales no podrían enjuiciar crímenes como el genocidio o los crímenes contra la humanidad ni siquiera si se hubieran cometido en España. Lo cual habría sido un exceso incluso para nuestros actuales legisladores.

 

Aclarado lo anterior, volvamos al primer “disparate”, pero abramos el enfoque. Aunque el término justicia universal puede evocar algo entre la mística y la poética, su esencia es bastante sencilla de acotar: desde hace decenios se ha convenido en que existen unos crímenes en los que además de cada víctima individual, también lo es toda la Comunidad Internacional. De ahí que por citar un ejemplo, en 1946, en una de las primeras Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, se afirmase que el genocidio es un “crimen internacional”, cuyo castigo “es un asunto de preocupación internacional”, ya que “conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad [y] es contrario a la ley moral y al espíritu y objetivos de las Naciones Unidas”. En consecuencia, lo que hay que preguntarse es: ¿quién debería entonces perseguir y enjuiciar a los responsables de este tipo de crímenes? Si la respuesta no fuera que todos y cada uno de los tribunales de esa misma Comunidad Internacional, sino sin ir más lejos, los del país del que fuesen nacionales sus víctimas individuales, convendría ser honestos y dejar de hablar de justicia universal. De hecho, eso no se denomina principio de justicia universal, sino de personalidad pasiva. Pero tecnicismos al margen, defender que ante atrocidades como un genocidio, ningún tribunal tiene nada que hacer mientras “no afecte a sus ciudadanos” es algo más que jurídicamente intragable.

 

En el caso de España, ya hemos visto que además es falso. Con lo que sin necesidad de acudir al poema de Martin Niemöller, valga otra pregunta, en cadena: ¿qué ocurre con las víctimas de estos crímenes internacionales si no obtienen justicia en el país donde se cometieron? ¿les indicamos que sólo les quedaría acudir a los tribunales del Estado del que son nacionales? Pero, ¿y si según las leyes de ese país esos tribunales carecen de cualquier competencia? ¿a qué tribunales podrían ir esas víctimas para lograr el amparo de la justicia? A ninguno, exacto.

 

En este punto, uno siempre podría alegar que acudan a la Corte Penal Internacional, manera de escurrir el bulto muy común por lo demás. Pero cualquiera que conozca, en lo jurídico y en lo fáctico, esta institución no podría tomarse tal aseveración más que como otro disparate. De hecho, la misma norma que creó esta Corte comienza recordando que no suyo, sino que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

 

Así, sostener que ante crímenes internacionales como el genocidio, nuestros tribunales sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de justicia universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido. Y por volver al inicio, y al tiempo a algo que siempre parece concitar el mayor interés y atención generales: ante el temor, el murmullo o la simple afirmación de que estos procedimientos no hacen sino dañar las relaciones entre unos u otros países, entre España y Marruecos en este caso, no responderé ahora más que con una pregunta final: ¿a las víctimas de los más horribles crímenes internacionales hay que decirles que olviden sus reclamos de justicia porque las autoridades de un Estado u otro pudieran molestarse o enemistarse con nuestro país? Yo, bajo ningún concepto podría hacerlo. ¿Puedes tú?

“El auto sobre el genocidio del Sáhara pone fin a 40 años de impunidad”

Saharauis piden en la ciudad de El Aaiún, en 2007, la libertad de los presos políticos

Fuente: eldiario.es

• El coordinador de la querella sobre el genocidio sobre la población del Sáhara Occidental, Manuel Ollé, considera la decisión del juez Ruz un “éxito para los derechos humanos”
• El auto de Ruz dice que “se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio”
• Los juristas temen que el Gobierno marroquí no comunique a los procesados la orden de detención ni facilite datos para su identificación

El oscense Manuel Ollé coordina a una decena de juristas de todo el Estado español, que desde el año 2006 están trabajando para que la Audiencia Nacional investigue delitos de tortura y genocidio en el Sáhara Occidental, que tuvieron lugar entre 1975 y 1992.

 

El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos, militares y policías marroquíes, acusados de detención ilegal, asesinato y desaparición forzada. Por primera vez un tribunal español juzga lo sucedido en la que fue la provincia española número 53, y reconoce indicios del genocidio sufrido por la población saharaui tras el abandono de la colonia española y la posterior ocupación del territorio, aún por descolonizar, por el Reino de Marruecos.

Según el auto firmado por el juez Ruz, en el Sáhara Occidental “se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio”.

 

Para el equipo de juristas, “el procesamiento de estas once personas es el acontecimiento más importante hasta la fecha, es un éxito para los derechos humanos, que pone fin a la impunidad que ha reinado durante los últimos 40 años, y que envía un mensaje de dignidad para las víctimas”.

 

En septiembre de 2006 el juez Baltasar Garzón abrió una querella presentada por la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis en la Audiencia Nacional. En octubre de 2007 llegaron las primeras declaraciones, testimonios de ciudadanos cuyos familiares habían sido asesinados o estaban desaparecidos. Según explica Ollé, “fue un gran esfuerzo por parte de las víctimas” que tuvieron que rememorar episodios de su vida muy traumáticos.

 

Sin embargo, tal y como desvela el auto de Ruz, que relevó a Garzón en el cargo, el hallazgo de una fosa común en 2013 con ocho cuerpos en su interior fue fundamental para la investigación. Los cadáveres fueron identificados por su ADN y entre sus prendas se encontró su antigua documentación española. Que se tratara de ciudadanos españoles y de crímenes cometidos en el que en aquel momento era suelo español ha sido uno de los motivos por los que la reforma de la Justicia Universal no ha afectado a la causa.

 

El gobierno marroquí y el español, obstáculos de la querella

Según explica Ollé, “la culminación del proceso será ver sentados en el banquillo a los responsables”. Sin embargo, el reconocimiento es un primer paso de un largo camino no exento de obstáculos. Ruz ha solicitado a las autoridades marroquíes que aporten todos los datos de los procesados para su identificación. En opinión del abogado Luis Mangrané, miembro del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, “la principal dificultad será la falta de colaboración de las autoridades marroquíes en la práctica de las comisiones rogatorias para la notificación a los procesados de esta resolución judicial”.

 

Critican que “es inadmisible que España haya destinado varios millones a modernizar la justicia marroquí y no se tramiten estas comisiones rogatorias”. Según Mangrané, “el Gobierno español no puede esconder la cabeza ante esta resolución judicial y mantener la cooperación con Marruecos vendiendo armas a un Estado a cuyas autoridades se acusa de tales aberraciones”. Además, añade, su deber es también “promover en foros internacional que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental vigile los derechos humanos en el Sáhara Occidental”.

 

Siete de los once procesados están en búsqueda y captura internacional. Si la Administración marroquí no colabora la única opción que le queda a la justicia española es su detención cuando salgan del país, tal y como sucedió con la orden de extradición del general chileno Augusto Pinochet. El Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental afirma que España debería presionar a Marruecos, ya que “ambos estados disponen de magistrados de enlace para agilizar la cooperación judicial”.

 

La Marcha Verde fue el preludio de una guerra que todavía recuerdan miles de saharauis que se vieron obligados a huir a campamentos de refugiados en Argelia mientras eran bombardeados con napalm o resistían con uñas y dientes en las ciudades y dunas que acababan de dejar los españoles. El exilio o la represión han sido las dos alternativas de vida que han tenido los ciudadanos saharauis que llevan años clamando por un referéndum en el que puedan decidir por su autoderterminación. 

Las torturas a saharauis en cárceles marroquíes, según el auto del juez Ruz

La identificación de 8 saharauis desaparecidos por la represión marroquí ha sido
 clave en el auto del juez Ruz. / Foto: Sociedad de Ciencias Aranzadi-

• El auto del juez de la Audiencia Nacional recoge cruda y explícitamente el relato de las torturas que recibieron multitud de saharauis entre 1975 y 1991
• La madre de Mohamed Jalil Ayach "escuchó cómo torturaron a su hijo durante 8 días", después murió "en el habitáculo donde iban los prisioneros a hacer sus necesidades"

 

Quemaduras de cigarros, asfixia con toallas empapadas en lejía, golpes aplicados con ingenio con el único objetivo de hacer sufrir lo máximo posible a sus víctimas. El juez Pablo Ruz recoge en el auto en el que imputa a once altos cargos y militares marroquíes por un presunto delito de genocidio contra la población saharahui un manual del horror, con escenas con nombres y apellidos de las víctimas y los verdugos. Hechos con protagonistas como Hadram Abderrahman Bada y Mohamed-Buia Hosein, cuyos relatos han permitido este primer paso para juzgar a los responsables de los abusos que marcaron sus vidas.

 

El 15 de diciembre de 1975, Hadram Abderrahman Bada, de 25 años, estaba amamantando a su bebé en su casa, "cuando sobre las 15 horas soldados de las FAR marroquíes penetraron violentamente en la casa", recoge el auto judicial. Llevaron a Hadram al Cuartel de Smara de las Fuerzas Armadas Reales (F.A.R.) marroquíes y de la Gendarmería Real, "cuyos máximos responsables eran desde finales de 1975 el Coronel Abdelhak Lemdaour, del Ejército marroquí, y el Teniente Driss Sbai, de la Gendarmería Real".

En los tres meses en los que estuvo detenida, hasta que se la liberó sin ningún juicio previo y sin justificarle el motivo de su arresto, a Hadram "le pusieron una venda en los ojos de manera que no podía ver nada y a continuación le sentaron en una silla atada de pies y manos y le golpearon; también le sentaron en un banco en posturas dolorosas de tal manera que podían golpear las plantas de los pies y los tobillos con porras". Es solo el inicio de una pormenorizala lista de abusos, entre los que se encuentran supenderla de una "barra atada del cuello y espalda mientras la golpeaban y balanceaban", las quemaduras con cigarrillos, la bebida mezclada con orines y la comida aderezada con "trozos de cristales" y los abusos sexuales, entre otros.

 

La mujer recuperó la ansiada libertad después de sufrir todas esas prácticas, pero entonces no sabía que volvería a ser objeto de esta maquinaria del dolor. En 1976 los soldados marroquíes le destrozaran la barraca donde residía y en abril de 1979 "fue nuevamente detenida por los soldados de las FAR marroquíes y trasladada hasta el cuartel de Smara, donde fue sometida de nuevo a torturas". Un mes después, volvió a ser liberada.

 

Su caso está dentro de los "hechos investigados en el presente sumario con autor conocido". Hay otras experiencias, como los tiros que escuchó Abba Ali Said Daf, cuyos ejecutores carecen de rostro. La noche del 12 de febrero de 1976 quedó retratada con los gritos y las ráfagas que se cobraron la vida de "Bachir Salma Da (el primo de Abba Said, de 14 años); Salma Daf Sidi Salec (padre del anterior); Sidi Salec Salma; Salama Mohamed-Ali Sidahmed Elkarcha; Salama Mohamed y Sidahmed Segri Yumani".

 

La identificación de estas seis personas, junto a la de los pastores Mohamed Mulud Mohamend Lamin Maimun y Mohamed Abdelahe Ramdan, por un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco ha configurado una pieza clave –según el sumario de Ruz– para la investigación que ha sostenido la imputación de los responsables marroquíes.

 

Objetivo: destruir a los saharauis

Relatos como el que siguen permiten a Ruz afirmar que "desde noviembre de 1975 y hasta 1991, se produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (...) debido precisamente a dicho origen con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental. Además de las detenciones, se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años, y torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos". La finalidad: "Ocupar el territorio del Sáhara Occidental y tomar posesión del mismo".

 

El testimonio de Brahim Mohamed Salem Omar –detenido el 14 de abril de 1976, cuando tenía 22 años, y también el 17 de enero de 1977– da cuenta de una de las escenas más despiadadas del auto: "Durante el tiempo que estuvo en el cuartel de Smara (...) presenció como Mariam Mohamed Salem dio a luz en la cárcel y al recién nacido le cortaron los dedos y se los trajeron después a la madre entre la comida".

 

Brahim también fue torturado y aportó la identidad de tres de sus maltratadores: el Coronel Lamarti, el Teniente de la Gendarmería Real Muley Ahmed Albourkadi y el funcionario Lehsan Chaf Yeudan. "El coronel ordenó que le ataran las extremidades del cuerpo con cuerdas y se las separaran, aplicándole este sistema de tortura. También le aplicaron descargas eléctricas en mejillas y lengua y fue sometido a golpes con cuerdas en una celda".

 

Allí estuvo dos meses y trece días. En ese periodo, Brahim también vio cómo "prendieron fuego vivo a uno de los prisioneros, Mohamed Salem Bamousia, mayor de 70 años, al que envolvieron en unas mantas, lo rociaron con gasolina y lo quemaron; y a otro de los prisioneros le clavaron las manos y los pies a una mesa con hierros".

 

Algunos lugares tomaron el nombre de su leyenda, fruto los testimonios que definían sus tácticas, como la " Cárcel Negra" de Smara, responsabilidad del Coronel Abdelhak Lemdaour y el Teniente Driss Sbai en El Aaiún.

 

Víctima de torturas hasta en tres ocasiones

Al igual que Hadram Abderrahman Bada, Mohamed-Buia Hosein tuvo que regresar a las cárceles del terror después de haber logrado salir con vida de sus muros. Fue detenido hasta en tres ocasiones. La primera, en 1977, estuvo en el cuartel de Bensergau en Agudir. Allí fue torturado "y durante algunos de tales interrogatorios estaba presente el gobernador de El Aaiun, Said Ouassou". Dos años después, los marroquíes le volvieron a privar de libertad y las técnicas no habían cambiado.

 

"Allí fue torturado durante 11 días: le colocaban atado sobre una tabla con la cabeza suelta hacia arriba y le ponían en la boca un trapo mojado con lejía y sal, hasta que le provocaba la asfixia. También le ataron, con el cuerpo boca arriba, sobre una tabla con los pies atados fuertes con un alambre (para que la sangre se concentrara en dicha parte y los golpes dolieran más), golpeándole las plantas de los pies con una pieza de metal ('falaka')".

 

En 1981, volvió a ser detenido y torturado. Esta vez, fue encarcelado en Kalaat Magouna hasta el 17 de julio de 1991, "10 años y 6 meses después de su detención sin haberse celebrado juicio ni ser informado de los motivos concretos de su detención salvo el hecho de ser saharaui", recoge Ruz.

La madre de Mohamed Jalil Ayach "escuchó cómo torturaron a su hijo durante 8 días", al igual que Aminatu Haidar, presas en la misma celda del antiguo Batallón de Instrucción de Reclutas español de la costa de El Aaiún. La madre escuchó los actos que le quitarían a su hijo para siempre: Mohamed Jalil Ayach "murió como consecuencia de ello, pues después de haberle golpeado duramente le dejaron en un habitáculo donde iban los prisioneros a hacer sus necesidades, lugar en el que estuvo varios días sin ser atendido de sus heridas, agonizando, hasta que finalmente falleció". Dichas torturas, continúa el texto de la Audiencia Nacional, "fueron ordenadas personalmente por Hariz el Arbi, quien estaba en el cuartel".

 

Por estos y otros hechos contenidos en el sumario, el magistrado exige además la "busca, detención e ingreso en prisión" del gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai.

 

Otras historias quedan en la oscuridad. Aquellas en las que no hubo un superviviviente como Aminatu Haidar para narrar cómo una madre escuchó los últimos días de su hijo, inundados por el dolor. Otros gritos quedaron ahogados, encerrados en la intimidad del preso y el interrogador.

Mujeres ceutíes, Historias de libertad (I)

Prisión del Hacho

 

Por Francisco Sánchez Montoya en Historia de Ceuta y el Protectorado español

1-3-2015

 

El próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer con ello se intenta visualizar su lucha, su participación en la sociedad, y en su desarrollo íntegro. Y también de recordatorio de las que dieron sus vidas por un país en igualdad y en libertad, en tiempos difíciles. Mi modesto homenaje a estas mujeres ceutíes lo quiero sintetizar en las que sufrieron represión y cárcel, tan solo por intentar ser libres. Durante los próximos domingos publicaré historias de libertad de mujeres ceutíes, como Isabel Mesa, Antonia Céspedes, Antonia Pérez Padín, África de las Heras, Antonia Castillo, Nani Bermúdez…

 

Comencemos con la ceutí Isabel Mesa, fue una activa militante de la CNT en Ceuta durante la Segunda República, un primer dato lo tenemos en aquella multitudinaria celebración del 1º de mayo de 1931. Las ilusiones despertadas tras el cambio de régimen facilitaron el fortalecimiento de las organizaciones obreras. El tradicional dominio del ejército, junto con la burguesía ceutí, fue sustituida por las alianzas de los sectores emergentes de la sociedad civil, más comprometida con las necesidades de la población.

 

Los anarquistas se hicieron un hueco muy importante entre la población obrera ceutí, ganando cada día más adeptos, su sede en la calle Linares, siempre estaba repleta de militantes. El 1º de mayo organizaron un acto de reafirmación sindical en el teatro Cervantes, la mesa presidencial estaba formada por los anarcosindicalistas más representativos de la ciudad como Pedro Vera o Andrés Garrido, y junto a ellos la joven Isabel Mesa que tras tomar la palabra insistió –como destaca la prensa- en la lucha social y libertaria de la mujer, conseguir las seis horas de trabajo y que se concedan al obrero el jornal necesario para poder vivir dignamente, así como la igualdad de la mujer dentro de la sociedad ceutí.

 

Isabel Mesa, pertenecía dentro de la CNT al Sindicato de Obreros de la Aguja, donde tenía el numero uno. Su actividad sindical fue principalmente en la organización de mujeres trabajadoras. Hubo una huelga en la fábrica de conservas y la empresa trajo engañadas a unas mujeres del Protectorado que cobraban menos de la mitad que las de Ceuta. Isabel habló con ellas para que se unieran, lo consiguió, y terminó la huelga con las reivindicaciones conseguidas.

 

Al tener conocimiento del golpe en la tarde del 17 de julio y poco antes de que una patrulla se personara en su casa pudo huir hacia la costa malagueña en un pequeño falucho, junto a 12 compañeros más. Permaneció en Málaga durante varios meses, y a mediados de 1937 llegó a Valencia, trabajando durante toda la guerra de enfermera.

 

La historiadora valenciana Pilar Molina, estuvo cerca de ella en sus últimos años y nos relata los hechos. Participó en el Congreso de constitución de la Federación Nacional de Mujeres Libres, llegando a ser secretaria de la agrupación local. Isabel, como recuerda la historiadora, siempre decía: “La mujer siempre ha tenido que luchar mucho, no solo teníamos que sembrar las ideas sino luchar contra algunos de los que estaban con nosotros sembrando, la mujer y el hombre tienen que ir caminando juntos, buscando la libertad, codo con codo o cogido de la mano”.

 

Tras la caída de Valencia huye hacia el puerto de Alicante, pero al no llegar el barco que esperaban junto a cientos de republicanos se marcha a Almería a pie, se cambia el nombre por el de Carmen Delgado y luego a Málaga, donde en el año 1941 crea con otras compañeros el periódico clandestino El Faro de Málaga, tal vez pensando en el diario de Ceuta “El Faro”.

 

Nunca se resignó a quedarse relegada a las tareas del hogar, como imponía el régimen, y siguió en la lucha. Descubierta por la policía es procesada y condenada a dos penas de muerte. Vuelve a Valencia y junto a otras compañeras promueve la creación del colectivo de mujeres Unión de Mujeres Demócratas, organización clandestina para ayudar a las personas presas y a sus familias y con actividades en contra de la dictadura.

 

Monta un quiosco junto a Maruja Lara, compañera anarquista inseparable, empeñada en las mismas luchas; en la trastienda tenían la prensa anarquista. En el año 1956 es detenida y durante ocho días es torturada en la comisaría de la calle Samaniego de Valencia. Posteriormente colaboró en la formación de colectivos libertarios como “Libre Estudio”, la Federación de pensionistas de la CNT, “Radio Klara” y el Ateneo Libertario “Al Margen” y perteneció a Dones Lliures y a la Fundación Salvador Seguí de Valencia.

 

ATENEO LIBERTARIO

La historiadora Pilar Molina recuerda las últimas palabras de Isabel, fallecida en febrero de 2002. “Teníamos un Ateneo Libertario en Ceuta, donde se enseñaba a leer y a escribir a los obreros; también música, pintura, esperanto, se hacían asambleas, se hablaba de Revolución, de libertad de ideas. Era una juventud bonita de verdad. Los carpinteros hicieron una vitrina y cada persona llevó los libros que pudo. En mi casa había bastantes libros, que llevamos también. Entonces empezamos a escribir pidiendo más libros a otras ciudades. Si los que recibíamos estaban repetidos los repartíamos ¡Hicimos una biblioteca, chula de verdad! Poníamos bancos de madera porque no teníamos sillas yo era la bibliotecaria. Cuando se proclamó la República la primera bandera que ondeó en el monte Hacho de Ceuta, fue un abrigo mío que era rojo por fuera con el forro negro. Aprendimos que es la anarquía de la mano de Isabel, no sólo por lo que nos contaba del periodo tan difícil que le tocó vivir y que afrontó con valentía, sino por su ejemplo en la vida cotidiana, siempre solidaria. En los últimos momentos nos seguía hablando de libertad, fraternidad…, nos pidió que la recordáramos como Isabel mesa, que la envolviéramos con la bandera rojinegra y todas juntas cantáramos “A las barricadas”. Su idea de lo que es el anarquismo, define toda su vida: “El anarquismo es una senda maravillosa, pero muy escabrosa. Pero hay que seguirla. Y una vez estás en ella no la puedes soltar, te envuelve, te embriaga. El anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad de todas las condiciones. ¡Ni fronteras, ni color, ni razas, ni banderas! En el anarquismo no hay más que humanidad, sentimientos humanos, aspiramos a todo aquello máximo que se pueda llegar”, cuenta la historiadora Pilar Molina.

 

Antonia Céspedes Gallego

Fueron muchas las mujeres ceutíes que lucharon por una sociedad mejor en libertad y en democracia, desgraciadamente solo nos han llegado los nombres de unas pocas. Pero al menos, que de estas pocas, no se olviden sus nombres. Pero, si tuviéramos que destacar alguna, sería sin duda Antonia Céspedes Gallego, una mujer de fuertes convicciones, de igualdad, solidaridad, y firmeza por sus ideales. Y lo pagó hace ocho décadas con su vida, su cuerpo apareció con un disparo, en la ladera junto a la cárcel del Sarchal, donde se encontraba detenida.

 

Un grupo de falangistas la sacaron en la madrugada del 21 de enero de 1937, y la asesinaron, tenía tan sólo 46 años. Cariñosamente era conocida como “la latera”. La deuda que tenemos con estas ceutíes es imposible de pagar. Antonia Céspedes es un símbolo de otras muchas mujeres que sufrieron esa brutal represión. Mujer adelantada para su época, siempre en primera línea en las reivindicaciones sindicales y mejoras para la mujer, en perpetua actividad por la igualdad de la mujer ceutí trabajadora. Era una persona humilde, vivía en el patio Centenero, una gran luchadora siempre cerca de la más necesitada.

 

También tenemos constancia por la prensa de su actividad sindical, ella trabajaba en la fábrica de conservas, junto a la playa de la Ribera. En mayo de 1931, lideró una huelga para conseguir mejoras para las trabajadoras entre otras reivindicaciones pedía jornada laboral, horarios, salarios e higiene.

 

Lanzaron un manifiesto que se reprodujo en la prensa: “No permitáis que embarquen vasijas y menos aún dejar desembarcar pescado para ninguna fábrica de la península, que proceda de Ceuta, porque perjudicáis grandemente la lucha de estas bravas compañeras” y terminaba el manifiesto con: ¡Trabajadores! ¡No olvidéis este llamamiento! proceded con energía a todo intento de perjuicios contra nuestras compañeras. El comité de huelga. Ceuta, 18 de junio de 1.931″.

 

Tras el golpe militar, fue sacada de su modesta vivienda y trasladada a la prisión de mujeres en el Sarchal, donde se encuentra con otras ceutíes que también fueron detenidas por su militancia republicana y su lucha social. Allí con muchas penurias junto a sus compañeras pasan las horas en el fortín habilitado como cárcel, en espera de acontecimientos.

 

La represión desencadenada fue tan intensa y extendida que no sólo la sufrieron los que habían defendido la República con su labor política y sindical, sino que también cayó la misma sobre aquellos que eran simplemente más abiertos, los incrédulos por cualquier motivo, los que habían destacado en empresas culturales y actividades públicas o simplemente aquellos denunciados por rencillas personales, odios y deudas, de los que se nutrieron las cárceles ceutíes y zona del Protectorado español en Marruecos. Sin embargo, la represión ha caído en el olvido de la memoria histórica de la contienda civil, lo que ha motivado que aún se mantenga que en Ceuta, Melilla y en el Protectorado no pasó nada.

 

Tras la proclamación del estado de guerra Ceuta se convierte en una ciudad llena de miedos y recelos. Desde la misma madrugada del 18 de julio las fuerzas sublevadas, con la ayuda de patrullas de falangistas, comienzan las detenciones selectivas y asaltos a las sedes de los sindicatos y partidos políticos. El comandante general y jefe de la Circunscripción Occidental, teniente coronel Gautier, el 18 de julio de 1936, emitió un duro comunicado: “El que desobedezca las prescripciones de los bandos, publicados anteriormente, será pasado por las armas, sin previo juicio sumarísimo”.

 

En septiembre, el juzgado militar le envía un oficio donde le comunica que se le realizará un consejo de guerra. El día 16, de madrugada fue trasladada al acuartelamiento de Sanidad (hoy manzana del Rebellin). Se le encuadró en un magro juicio contra sindicalistas ceutíes, ella es la única mujer, en total fueron 50 y bajo un mismo epígrafe: “adhesión a la rebelión”, se les dividió en cuatro grupos, tres de doce y uno de catorce. Fueron fusilados veintiséis y el resto a largas condenas. En este consejo de guerra estaba el destacado dirigente sindical, empleado de la empresa de alumbrado y fundador en 1934 del partido Sindicalista, Luis Castillejo, quien seria fusilado.

 

Tras entrar en la sala habilitada para los consejos de guerra, Antonia Céspedes, está frente al estrado, se da lectura al apuntamiento por parte del relator. La lectura se prolonga durante pocos minutos; en ella se da la relación de nombres, seguidos de las acusaciones. Cuando concluye el relator se inicia el interrogatorio, contestando con simples monosílabos a las preguntas que le formula. A continuación se produce un descanso para que el fiscal y el defensor consulten sus notas y preparen las conclusiones finales. Después de media hora se reanuda el juicio con la intervención del fiscal. El consejo de guerra falló pena de muerte, pero a los pocos días se le sustituyó por cadena perpetua y trasladada a la cárcel de mujeres del Sarchal.

 

En el consejo de guerra, ya se le acusaba de ayudar a otras mujeres: “Se le acusa de incitar a las mujeres, ya que en una de las últimas huelgas fue por las casas sacando a las muchachas que trabajaban en el servicio doméstico, para conseguir mejoras sociales y en las elecciones del 16 de febrero de 1936, fue apoderada en una mesa apoyando al candidato del PSOE Manuel Martínez Pedroso”.

 

CONSEJO DE GUERRA JUNTO A 50 SINDICALISTAS

Fue juzgada junto a cincuenta sindicalistas, con aquel macro juicio las fuerzas militares sublevadas querían crear el pánico y el terror entre la clase obrera ceutí, se les dividió en cuatro grupos, en el de Antonia Céspedes, eran catorce: Francisco Serrano, Baldomero Álvarez, Juan Mateo, Luis Moyano, Antonio Vázquez, Antonio Tomeu, Antonio Frías, Ernesto Attias, Rafael Sánchez, Antonio Soto, Federico Martín, Isidoro Expresati y Francisco Castillejo. Otro de los inculpados fue el zapatero Francisco Garrucho, a quien se le acusó de que en su modesto taller de la calle Peligro se celebraban reuniones. El 3 de noviembre se celebró el consejo de guerra, estando presidido por el coronel de Ingenieros Ricardo Seco de la Garza, fallando largas condenas para nueve de los juzgados y penas de muerte para Martín Cortés, Garrucho Pavón, Soto Vargas, Vázquez Soler y Antonia Céspedes Gallego; ésta fue indultada, pero ejecutada en la madrugada del 21 de enero de 1937. El 17 de noviembre a las 08,30 horas, se llevaron a cabo las ejecuciones de sus compañeros de juicio por un piquete de la Falange de los que constituían el destacamento de la prisión de García Aldave.

Denuncian a 38 alcaldes por mantener símbolos franquistas

En el mapa marcadas Ceuta y Melilla

Enviar a @La_SER #SímbolosFranquistas
 

Coincidiendo con el 142 aniversario de la 1ª Republica, Eduardo Ranz, abogado especializado en Derechos Humanos va a presentar este miércoles una denuncia contra 38 alcaldes de toda España por un presunto delito de desobediencia por mantener los símbolos franquistas en sus ciudades a pesar de la ley de la Memoria Histórica.

 

Cadena SER - Javier Álvarez / Alfonso Ojea 10/02/2015

La denuncia se ha presentado en Madrid contra la alcaldesa Ana Botella y de forma simultánea en los registros de los juzgados de otros 37 municipios españoles, entre los que se encuentran Huelva, Zaragoza, Melilla, Córdoba y Salamanca.

 

En la denuncia, el abogado exige la retirada de los símbolos y la parafernalia franquista, incluyendo las calles con nombres de la dictadura, que prohíbe la Ley de la Memoria Histórica.

Durante la presentación de una de ellas en Madrid, el letrado Eduardo Ranz ha afirmado que los regidores denunciados deben "respetar y respaldar" a la víctimas de la dictadura y ha agregado que con la retirada de estos símbolos busca "que las víctimas dejen de sentirse humilladas al pasear por las ciudades".

 

La iniciativa se apoya además en la petición expresa a los ayuntamientos para que “adopten de forma inmediata las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

 

El abogado pondrá también los hechos en conocimiento de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien trasladará que las embajadas de Bolivia, Panamá y el Consulado de Marruecos exhiben este tipo de símbolos.

 

Acusa a los regidores de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

 

De forma subsidiaria, el abogado cree que los hechos podrían ser constitutivos de una falta contra el orden público del 634 del Código Penal, que contempla una pena de multa de diez a sesenta días.

Vulnera la ley de Memoria Histórica

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica, se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y regula en su artículo 15.1, respecto de los símbolos y monumentos públicos, que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Madrid, 150

En Madrid existen más de 150 calles, plazas, pasajes y monumentos dedicados a figuras destacadas del franquismo, entre ellas destacando en la entrada a Madrid desde la carretera de la Coruña, el Arco de la Victoria, a pocos metros de la residencia de los presidentes del Gobierno de España, La Moncloa.

 

Son muchos los generales franquistas, como los golpistas Juan Yagüe o José Enrique Varela, los que tienen una calle en las inmediaciones del Paseo de la Castellana. Sólo hay que subir un poco, hasta Concha Espina, para descubrir que en Madrid existe una plaza llamada Plaza del Arriba España. Cinco falangistas definidos por las asociaciones como "de primera línea", los hermanos García Noblejas, tienen una calle que parte por la mitad el barrio de San Blas. La calle del Príncipe de Vergara ya no está dedicada entera al general Emilio Mola, otro general golpista. Pero su memoria perdura en un pasaje, que cruza con Príncipe de Vergara y que lleva su nombre.

Santa Cruz de Tenerife

El monumento a Francisco Franco, popularmente conocido como 'Monumento a Franco', es una fuente escultórica que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España). Es obra de Juan de Ávalos. La obra representa a un ángel volando con las alas extendidas, en representación del avión 'Dragon Rapide' en el que partió Franco para iniciar el golpe militar que desencadenaría la Guerra Civil Española. Sobre su espalda se encuentra una figura masculina representando a Francisco Franco, sosteniendo una espada en forma de cruz cristiana cuya punta señala hacia abajo.

RADIO CLUB TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife

El monumento a los Caídos (en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife) fue construido por idea del Capitán General García Escámez durante el Mando Económico, tras la Guerra Civil. Está formado en total por cuatro piezas escultóricas: la alegoría de la Patria sosteniendo al Caído; una mujer alada representando la Victoria y en alusión a aquellas expediciones marítimas que retornaron gloriosas a su tierra nativa, y dos figuras de soldados en posición de descanso y con una espada entre sus manos, que representan los valores cívico y militar, respectivamente.

RADIO CLUB TENERIFE

Aclaración desde el cansancio y el hartazgo: No fué Garzón

Familiares de Fusilados de San Lorenzo 24/4/14

Ante la información aparecida en la web de la Radio Televisión Canaria (RTVC), en su programa "Buenos días Canarias", de que nuestra plataforma de familiares es asesorada para la... querella argentina por el juez Baltasar Garzón. Debemos aclarar que esa información es totalmente falsa y no entendemos de donde la sacó la persona que lo ha afirmado.

Nuestro asesoramiento siempre ha sido con gente de la tierra canaria, humildes abogados/as y algunos/as de fuera puntualmente, juristas no tan conocidos/as como el mediático magistrado. Gente comprometida en la causa de la memoria que nos ayudan sin cobrarnos nada.

 

También es falso en esta noticia que adjuntamos que la querella argentina afecte a todas las personas fusiladas en todo el estado y en Canarias. Quien no se sume a la querella presentando denuncia no podrá obtener que se juzgue su caso.

Estamos ya algo cansados/as de que se nos utilice con fines políticos. Somos gente revolucionaria, que luchamos contra este podrido sistema sin vínculos partidistas. Nuestra meta es acabar con esta mierda de estado putrefacto que protege a los torturadores y criminales franquistas.

¡Ya está bien de manipulación!

http://www2.rtvc.es/noticias/garzón-asesora-a-la-plataforma-de-los-fusilados-de-san-lorenzo-117237.aspx#.U1kjG01OXIU 

Estrasburgo obliga a España a acoger a 30 saharauis a los que se negó asilo

Llegaron en patera a Fuerteventura entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izikd desmantelado por la Policía marroquí. Sin leerse sus peticiones de asilo, Interior les denegó protección internacional 

EFE Madrid 22/04/2014 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por ordenar la expulsión de treinta inmigrantes saharauis sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo, obligándola a mantenerles en el territorio nacional. La sentencia del tribunal europeo establece que no podrán ser expulsados "hasta que se produzca una decisión definitiva sobre sus demandas de protección internacional".

Los demandantes llegaron en patera a Fuerteventura (Canarias) entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental), que había sido desmantelado por la Policía marroquí.

A su llegada pidieron protección internacional ante el temor a sufrir tratos inhumanos si eran devueltos a Marruecos, pero esta fue rechazada por el Ministerio del Interior, que ordenó una expulsión que finalmente no se produjo. Interior calificó sus alegaciones de "contradictorias e insuficientes", mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que eran "coherentes" y los "indicios suficientes" para aceptarlas.

Los demandantes, representados por los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentaron recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de expulsión y solicitaron su suspensión hasta que se examinaran, pero la Audiencia Nacional denegó esa solicitud. 

Sólo la aplicación de las medidas provisionales de la Corte europea, a la que acudieron entre enero de 2011 y octubre de 2012, impidió que se ejecutaran las expulsiones. Esas medidas implican que el TEDH solicite la interrupción temporal de la orden y, sin las mismas, según Estrasburgo, "los demandantes hubieran sido expulsados a Marruecos sin que el fondo de sus recursos fuera objeto de un examen tan riguroso y rápido como fuera posible".

La sentencia emitida este martes mantiene que el procedimiento por el que los saharauis pidieron en España la suspensión de las expulsiones no les permitió aportar información precisa sobre los riesgos que corrían. El fallo concluye que España vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo), combinado con los artículos 2 (Derecho a la vida) y 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos humanos.

La sentencia recuerda igualmente que los tribunales nacionales "tienen que demostrar una diligencia y prontitud particular y decidir sobre el fondo en plazos breves", porque si no es así, "el recurso perdería su eficacia". Y en aplicación del artículo 46 del Convenio, estima que el Gobierno "debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas", que sigue abierto.

La jueza Servini admite a tramite la querella de las familias de los fusilados de San Lorenzo

Redacción Tamaraceite Alzado

Las familias de los fusilados de San Lorenzo, han informado a través de un comunicado haber recibido a través del Consulado Argentino en Canarias, la admisión a trámite de la querella presentada contra el estado español por el fusilamiento el 29 de marzo de 1.937, de los conocidos popularmente como “cinco de San Lorenzo”, donde se exigirá al estado español la exhumación inmediata de la fosa común del cementerio de Vegueta, así como la identificación de los restos a través de pruebas de ADN y la posterior entrega a sus familiares de los huesos de sus muertos para darles una digna sepultura.

La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha manifestado hoy haber recibido notificación directamente de la jueza, María Servini, donde se les ha informado a través de señor cónsul de la República Argentina en Canarias, D. Pablo Antonio De Angelis, de la admisión a trámite de la querella presentada por dicha organización de víctimas de la dictadura franquista, para su instrucción dentro de la querella argentina contra el estado español por crímenes de lesa humanidad.

Las familias de San Lorenzo han manifestado “su agradecimiento profundo al pueblo y a la justicia argentina por haberse declarado competente para juzgar el asesinato de nuestros familiares, fusilados por el único motivo de defender la democracia y la libertad, ante el golpe fascista contra la legítima República”.

La querella de esta Plataforma de Familiares se unirá a otras denuncias abiertas por la justicia argentina contra los crímenes cometidos por el franquismo, portavoces de las familias afirmaron que “una vez aceptada la demanda se podrá determinar e identificar judicialmente a quienes participaron de aquellos hechos terribles, e imputarlos, más allá de que estén vivos o muertos”.

Para los familiares de los fusilados de San Lorenzo es “una vergüenza que otro país tenga que investigar lo que en el estado español su gobierno y la judicatura han negado a unas familias, amparadas por la justicia universal, en unos delitos de crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben, prohibiéndonos en varias sentencias judiciales algo tan humano como la recuperación de los huesos de nuestros muertos, lo que demuestra que en España sigue el vivo el fascismo en cada uno de sus estamentos; y que quienes gobiernan son herederos directos de los franquistas”.

Los delitos imputados en la querella son los de “privación de libertad, tormento, torturas, violaciones y homicidio calificado”.

La jueza Servini se desplazará a Canarias a tomar declaración directamente en sus domicilios a las familias y testigos/as directos/as de avanzada edad, lo que servirá para acelerar el proceso.

El fusilamiento del alcalde de San Lorenzo del Frente Popular, Juan Santana Vega, del secretario municipal, Antonio Ramírez Graña, del inspector jefe de la policía local, Manuel Hernández Toledo y de los sindicalistas vinculados a dicho Ayuntamiento, el artista e intelectual, Matías López Morales y el jornalero, Francisco González Santana, así como las decenas de personas torturadas, vejadas, las mujeres violadas y el asesinato en su cuna del bebé de 4 meses, Braulio González García, a manos de un falangista de Tamaraceite, que le destrozó la cabeza a lanzarlo contra una pared, será ahora juzgado en un tribunal internacional justo y legal.

Las familias comentaron que “esa brutal represión desencadenada tras el golpe de estado fascista en 1.936 que acabó con la esperanza de todo un pueblo, saldrá ahora a la luz y el estado español y su gobierno no podrán seguir tapando y ocultando este holocausto fascista contra este municipio, contra todo el pueblo canario, donde hubieron más de 3.000 personas asesinadas, fusiladas y desaparecidas”.

Por último señalar que la aceptación de esta querella de los familiares de San Lorenzo implica la incoación inmediata de un expediente judicial para la condena del estado español por el asesinato impune de los cinco de San Lorenzo, enterrados ilegalmente en la Fosa Común nº 2 del Departamento nº 6 del Cementerio de Las Palmas, que se constate su muerte violenta a partir de las correspondientes pruebas periciales, y se proceda, asimismo, a identificarlos y entregarlos a sus familiares al objeto de darles sepultura o incineración, ya que en la actualidad se encuentran fuera de los lugares propios de inhumación de sus cuerpos.

El juez Ruz rechaza archivar dos causas sobre el Sahara pese a la reforma de la Justicia Universal

Personas concentradas en el exterior de la Audiencia Nacional el 17/12/2007 cuando Garzón admitió a tramite la querella contra los militares marroquíes

lainformacion.com 15/04/14

El juez considera que el Sahara Occidental era una provincia española en los años 70, así como que legalmente seguía estando administrada por España en los 80 y aún ahora.

 

(EFE). El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado archivar dos casos que investiga de genocidio y torturas en el Sahara Occidental porque era territorio español cuando ocurrieron los hechos en los años 70 y 80 y, por tanto, a estas causas no les afecta la reforma de la justicia universal.
En sendos autos, Ruz acoge los argumentos de la Fiscalía de que ambas investigaciones serían competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron en territorio español contra ciudadanos nacionales.

Siguiendo con el criterio de la Fiscalía, el juez considera que el Sahara Occidental era una provincia española en los años 70, así como que legalmente seguía estando administrada por España en los 80 y aún ahora.

En una de las causas Ruz investiga delitos de genocidio en el Sahara contra 31 militares marroquíes a instancias de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y en la otra torturas por parte de 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.

En el caso de la querella contra los militares marroquíes, las asociaciones denunciaron torturas y genocidio entre 1975 y 1987, cuando desaparecieron centenares de saharauis.

Para Ruz, está acreditado que varios los hechos denunciados "fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sahara Occidental era provincia española", es decir, en los años 70.

Las autoridades españolas abandonaron el Sahara Occidental el 27 de febrero 1976, pero el juez asume la competencia para investigar los hechos posteriores por su conexión con los primeros.

Así, su competencia para investigar estos delitos no respondería al principio de justicia universal sino al de territorialidad (competencia de los tribunales españoles para juzgar todo lo que ocurra en el territorio nacional).

Esta querella la comenzó a instruir el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que acordó investigar a, entre otros, Housni Ben Sliman, que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
La otra investigación se inició en 2012 a raíz de una querella de la asociación Asadeh y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario, entre ellos ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad; el agregado militar en la Embajada de Argelia en Mauritania, Nabil Kadour, y el embajador de Argelia en Rabat, el general Omari.

En la querella se denuncia el trato sufrido en Tindouf en los años 80 del siglo pasado, cuando las autoridades españolas ya se retiraron de la zona, "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario".

La Fiscalía informó también a favor de seguir con el procedimiento en virtud del principio de territorialidad, ya que considera que en los años 80, y también ahora, el Sahara Occidental es administrado legalmente, aunque no "de facto", por España.

El fiscal daba varios argumentos para asegurar que legalmente el Sahara sigue siendo español, el primero de ellos que en 1965 España, con su ingreso en la ONU, asumió que era su potencia administradora, una condición que reiteró en la ley de descolonización del Sahara de 1975.

Además, la Fiscalía menciona varias sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que reconocen la nacionalidad española a los nacidos allí tanto en la época de la "provincialización" como en la colonial.

"En definitiva -indica el fiscal- España 'de iure', aunque no 'de facto', sigue siendo la potencia administradora hasta que finalice el periodo de la descolonización (es decir, cuando se celebre un referéndum sobre la independencia)", debe actuar como tal de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.

Por todo ello, el juez estima que es competente para seguir investigando los hechos puesto que parte de ellos se cometieron en un territorio que "a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión".

Una denuncia abre la vía judicial contra las autoridades españolas por la tragedia de Ceuta




Imagen de la Guardia Civil con equipamiento antidisturbios recibiendo
a los inmigrantes en la playa de Ceuta.

El diario.es 10/02/2014


Varias ONG piden a la Fiscalía General del Estado que investigue los hechos para culpar a los presuntos responsables que actuaron en la frontera de Ceuta el pasado 6 de febrero

• La denuncia recoge testimonios de supervivientes que afirman que la Guardia Civil les disparó balas de plástico y lanzó gases lacrimógenos en el agua 
• Los hechos que condujeron a la muerte de más de una docena de personas son "constitutivos de infracción penal", según los denunciantes

Varias ONG de defensa de los derechos de los inmigrantes han pasado a la acción. Tras las muertes de más de una decena de personas que pretendían alcanzar territorio español el pasado jueves en Ceuta, una veintena de asociaciones han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En ella, exigen que se esclarezcan los hechos de la actuación de la Guardia Civil en la frontera y recoge testimonios de supervivientes, que incluyen acciones "constitutivas de infracción penal", según los denunciantes.

 

Los denunciantes recogen las declaraciones de varios supervivientes, que aseguran que la Guardia Civil actuó con material antidisturbios mientras intentaban alcanzar la costa española. Testimonios en los que, además, aseguran haber sido maltratados una vez alcanzado territorio español.

 

Es el caso de uno de los inmigrantes, que explica "cómo él mismo fue golpeado por una bala en la espalda y por otra en la cabeza. Cuando salió del agua una mujer Guardia Civil –a la que podría reconocer si volviera a verla– le obligó a ponerse de rodillas golpeándole con las defensas de goma. Estos golpes le causaron lesiones en la boca, dientes y el muslo", expone el texto de la denuncia.

 

Además, el documento especifica que "mientras estaba detenido en la playa vio las balas de goma impactar contra las cabezas y flotadores de tres de sus compañeros y cómo con posterioridad otros guardias civiles lanzaban también gases lacrimógenos". El inmigrante explicaba la gravedad de esta actuación pues, según detalla, "el gas te termina matando". El testimonio añade la consecuencia de este hecho: sus compañeros: "bebían agua". Es decir, al perder el conocimiento, se ahogaban en el mar, matiza la denuncia.

 

Las declaraciones recogidas por los colectivos denunciantes hablan de la presencia de un barco de la Guardia Civil en el agua. "A bordo de ese barco una persona, con un palo largo, iba empujando a los heridos, supervivientes y cadáveres al lado marroquí, para evitar que alcanzaran la costa española", indica el texto. Además, uno de los testimonios añade que, si insistían en dirigirse a la costa española, “te golpeaba en la cabeza”.

 

Pero hay más. Otro testigo menciona que "algunos de sus compañeros que estaban en el agua se acercaron al barco para intentar subir" pero, según relatan, "el barco español se fue" y, cuando volvió, "comenzaron a disparar desde él".

 

La denuncia exige las grabaciones

"Muchas ONG exigimos una investigación de los hechos ocurridos en Ceuta", explica la abogada Patricia Fernández a eldiario.es. "Todo debe ser esclarecido, no sólo las devoluciones ilegales de inmigrantes; los colectivos despreciamos el uso de material antidisturbios sobre personas que huyen de la pobreza y mucho más si estaban en el agua en una situación de vulnerabilidad total, como denuncian algunos testimonios".

 

Además, los colectivos denuncian la opacidad mostrada por el Gobierno sobre este asunto. "La Delegación, lejos de aclarar los hechos, ha creado mayor confusión en todo momento", añade Fernández, quien detalla que las ONG firmantes también exigen que se aporte toda la información existente sobre la tragedia, incluidas las imágenes del Centro Operativo de Seguridad.

 

El pasado jueves un grupo de cerca de 400 personas intentaron entrar a territorio español a través de tres intentos, según la versión oficial. Los dos primeros tuvieron lugar en tierra, a través de los pasos fronterizos que conectan Marruecos con Ceuta, donde la Guardia Civil española evitó la entrada utilizando material antidisturbios. Posteriormente, un grupo de aproximadamente 200 personas trataron de entrar bordeando el espigón fronterizo a nado.

 

Según Interior, cuando se lanzaron al mar, las fuerzas de seguridad españolas no emplearon las balas de goma y botes de humo que sí reconocen haber usado en sus dos primeros intentos, alegando una "actitud violenta" de estas personas. Los testimonios de varios inmigrantes recogidos por eldiario.es y los presentados por esta denuncia contradicen la versión oficial.

 

"La policía marroquí ha llegado después, la española estaba antes. Los marroquíes llegaron como media hora después. Es la 'guardia' la que se ha encargado de nosotros", explicó Aiman. "Han disparado mucho. Más que las otras veces. Por lo menos durante media hora. Ha pasado todo muy deprisa. Es la primera vez que han disparado así. La 'guardia' disparaba y algunas personas se quedaron inconscientes en el agua. Otros se han ahogado", explicó Aiman, uno de los supervivientes, a eldiario.es.

 

El testimonio de Louis, otro de los inmigrantes que intentó entrar en Ceuta, también dista de la versión oficial de lo ocurrido después de introducirse en el agua. "Nos ha atacado más la 'guardia' que la policía marroquí. Han lanzado pelotas de goma, han pinchado neumáticos donde algunos se habían montado y nos ha rociado con gas lacrimógeno. La gente ha empezado a tener ataques de nervios", detalla el camerunés, quien también advertía de que aún quedaban cadáveres en el Mediterráneo. "Muchos cuerpos han desaparecido en el mar", lamentaba al otro lado del teléfono.

 

Del mismo modo, los inmigrantes denunciaban que un grupo había logrado alcanzar suelo español pero la Guardia Civil les había entregado de nuevo a la policía marroquí, una práctica ilegal según la Ley de Extranjería. El Instituto Armado lo negaba, pero las imágenes difundidas por un vídeo emitido en La Sexta confirmaron sus testimonios. Entonces, la Gendarmería admitió que estas personas habían pisado Ceuta y que posteriormente habían sido devueltos.