Por un Sáhara Libre - 7 noviembre, 2015
Fuente: Global Politics and Law
El 14 de noviembre de 1975, con el
dictador en el cama agonizando, el Gobierno de España firmó con
Marruecos y Mauritania la entrega del territorio del Sahara Occidental,
contraviniendo el contenido del Dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia (de
16 de octubre de ese año) en donde se niega cualquier tipo de derecho
de los referidos Estados sobre el territorio saharaui. Fue la
consecuencia de la llamada “Marcha verde”, ese gran show marroquí
apoyado internacionalmente (incluso por España, tal como han demostrado los cables interceptados por Wikileaks) y que abrió la puerta a la “Declaración de intenciones”,
que desembocó en la ocupación en el año 1976. El 5 de agosto de 1979 el
Frente Polisario y Mauritania alcanzan un acuerdo por el cual
Mauritania cede la parte que ocupaba del Sahara Occidental al Frente Polisario,
pero Marruecos se anexiona esa zona el 11 de agosto. Tras la
proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática en 1976, se
empezó la construcción del “ Muro del Sahara Occidental”;
la cual fue obra del ejército marroquí con la ayuda de expertos
israelíes y la asistencia financiera de Arabia Saudita y de Estados
Unidos. Los hito más relevantes del proceso histórico entre 1976 y la
actualidad se pueden consultar en el artículo que escribí el año pasado en Agenda Pública.
El Sahara occidental, el territorio de
la antigua colonia española, es un territorio sobre el cual había
declarado que no había vínculo de soberanía entre Mauritania o Marruecos
con el Sahara y que, por consiguiente, no hay razón para no aplicar la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU y
descolonizar ese territorio. En este sentido, se debiera proporcionar
una solución como la prevista en la Resolución 1429 (2000) que reclama
una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” siempre
que esta “asegure la autodeterminación del pueblo del Sahara occidental
en el marco de acuerdos que sean compatibles con los fines y principios
de las Naciones Unidas” ¿bajo que presupuestos?
De entrada, la única solución pasa por la autodeterminación del pueblo saharaui,
no de la población que está en dicho territorio. De hecho, el problema
que hubo con el censo hace algunos años derivó, esencialmente, de cómo
había sido inflado por Marruecos con población que no reunía los
requisitos. El Dictamen consultivo de la Corte Internacional de
Justicia de 16 de octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental
(parágrafos 70 y 162 en particular) hacía referencia, de hecho, al
“derecho de las poblaciones (del Sahara occidental) a la
autodeterminación “. Un plural que expresa la división tradicional entre
las poblaciones de Sakiet el-Hamra y Rio de Oro. Un referéndum que ha
de ser “justo, libre e imparcial” sobre la autodeterminación del pueblo
saharaui.
Lamentablemente, no corren buenos
tiempos. Por un lado, por el declive del Comité de Descolonización de la
ONU y por el otro, por la tendencia a hacer descolonizaciones de perfil
bajo, casi simbólicas, en las que las potencias que retienen
ilegítimamente el territorio administren el proceso para concluirlo con
unos vínculos equivalentes a los de la situación previa. Todo ello, a
pesar de que los acuerdos de Madrid sólo se pueden catalogar como nulos,
tal como se señaló en el otro artículo que se acompaña a este post. A
ello se añade el hecho de que ni la Unión Europea (especialmente por los
acuerdos pesqueros y por el control de fronteras) ni España (por el
control de fronteras que de facto hace de Ceuta y Melilla, recibiendo
las expulsiones en caliente)
ni los EE.UU. (que siempre han favorecido a Marruecos) tienen interés
en debilitar ahora a Marruecos. El terrorismo islamico no es un factor
que ayude precisamente a la resolución del problema.
Para los saharauis, la situación es
insostenible. Por un lado, porque la situación está estancada, lo cual
favorece a Marruecos, que este fin de semana celebrará los fastos de
celebración de los 40 años de la Marcha verde. Segundo, por los
problemas de violaciones de los derechos humanos
en territorio saharaui perpetrados por las autoridades marroquíes. Y,
por último, porque la situación en los campos de refugiados situados en
la provincia argelina de Tinduf de El Aaiún, Auserd, Smara y Dajla (llamados
así en recuerdo de las ciudades saharauis a las que aspiran
legítimamente a regresar) es insostenible. Las lluvias torrenciales de
los últimos días ha sido la puntilla a la situación de la población
saharaui en el exterior, dejando sin hogar a más de 25.000 personas.
